Legalidade Urbanística da tres meses para derribar la urbanización de lujo
El director de la Axencia fue destituido nueve días después de firmar la orden
La orden de demolición de la polémica urbanización de Os Raeiros, en O Grove, fue notificada ayer al Ayuntamiento después de tres años de resoluciones administrativas y judiciales. La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, adscrita a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, comunicó al alcalde la resolución que deberá ejecutarse en el plazo de tres meses y afecta a 52 propietarios que pagaron 540.000 euros por la compra de un chalé adosado.
La decisión ya sólo podría pararla el tribunal contencioso administrativo de Pontevedra en el supuesto de que la promotora Inproin Galicia, SL recurriese el fallo de la agencia y el juzgado aceptase a trámite la apelación.La promotora cuenta con dos meses de plazo para lograr la suspensión del derribo, aunque fuentes consultadas conocedoras del caso dejaron abiertas pocas posibilidades de que el recurso prospere, teniendo en cuenta que el expediente de demolición acordado en 2007 por la Consellería de Política Territorial fue confirmado recientemente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
El hermano del conselleiro de Cultura administra la promotora
La decisión de la agencia de la Xunta contempla el derribo de 52 apartamentos alineados en grupos de cuatro, cinco y seis viviendas con sótano, primera planta y bajo cubierta. La urbanización cuenta con una zona central donde se sitúan varias piscinas, edificio de servicios, muros de contención y grandes movimientos de tierras frente a la playa de Balea, en San Vicente do Mar.
El incumplimiento de la resolución por parte de la promotora conlleva la ejecución forzosa de demolición así como la imposición de multas coercitivas acumulables periódicamente en cuantías de 1.000 a 10.000 euros cada una. Tuvieron que transcurrir 14 años desde el inicio de las obras para que una resolución del anterior Gobierno bipartito declarase ilegal la parcelación que se llevó a cabo sobre suelo rústico cuando los promotores sólo tenían licencia autonómica para un apartotel.
La resolución de Política Territorial de 30 de abril de 2007 obligaba a la promotora a restituir la parcela a su estado original, ajustarse a la licencia autonómica y comunicar al registro de la propiedad de Cambados la imposibilidad jurídica de segregación de la finca dado su carácter indivisible.
Pero la promotora recurrió esta decisión al Tribunal Superior que desestimó sus argumentos y concluyó que no sólo pretendía vender ilegalmente 52 chalés adosados sino que había incumplido flagrantemente la Ley del Suelo al segregar una parcela que estaba catalogada como rústica. Ahora, Inproin tendrá su última oportunidad de paralizar la orden de derribo recurriendo al tribunal competente en la jurisdicción donde está emplazada la urbanización.
Entre los propietarios de la exclusiva finca, situada en una atalaya desde donde se divisa la isla de Ons, se encuentra el actual conselleiro de Cultura, Roberto Varela Fariña. Uno de sus hermanos, Fernando Varela, aparece como socio y administrador de la promotora Inproin Galicia, SL.
Los responsables de la promotora de Os Raeiros alegan que "no existen propietarios de chalés sino socios de un complejo hotelero que disfrutan de una parte proporcional de la parcela". Sostiene que las obras se han ejecutado conforme a la licencia concedida "para uso de apartotel de los 52 apartamentos" y niegan que la finca se haya parcelado o segregado con otros fines que no sean los estrictamente hoteleros.
La orden de demolición de esta urbanización de lujo fue uno de los últimos actos administrativos que firmó el ex director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística Hipólito Pérez, el pasado 2 de marzo. Nueve días después, el 11, el Consello de la Xunta aprobó la destitución de este funcionario, previa modificación de sus estatutos.
Demolición número 43
Antes de sellar su último expediente y ser destituido por el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, el director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística había estampado su firma sobre 42 órdenes de derribo desde que fue nombrado por el bipartito a finales de 2007.
La creación de este organismo supuso una nueva era en la lucha contra los desmanes urbanísticos. Fue también un mensaje a promotores y alcaldes de que el "ti vai facendo" tenía los días contados porque la piqueta iba a entrar de lleno contra las construcciones ilegales. En 30 años de historia autonómica sólo se había ordenado una demolición. En el ejercicio de su estreno, Legalidade Urbanística firmó cinco órdenes de derribo. Un año más tarde, en 2009, cuando se reforzó el número de inspectores y los medios de la agencia cayeron otras 37 edificaciones irregulares. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, admitió la pasada semana que ha consignado 600.000 euros para tumbar nuevas aberraciones urbanísticas. Pero su Gobierno ya había descabezado la agencia que ahora cuenta con menos, personal y competencias.
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