Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El PNV da portazo al Gobierno en el plan de Convivencia y pide su retirada

Ares insta a los nacionalistas a reconsiderar su "paso atrás respecto a las víctimas"

Las reservas y prevenciones del PNV al plan de Convivencia democrática y Deslegitimación de la violencia del Gobierno se convirtieron ayer en oposición frontal y petición de retirada. El partido de Iñigo Urkullu, y también EA, se sumaron así en esa petición, adelantada el miércoles por Aralar, lo que cierra al Ejecutivo cualquier expectativa de negociación en torno a él con los grupos nacionalistas. El Gobierno no tiene intención de atender esta demanda y, una vez analice las alegaciones e incorpore las que considere aceptables, aprobará el plan en un próximo consejo y lo enviará al Parlamento. No requiere votación.

La dura posición del PNV sorprendió al Gobierno, que había observado en los contactos previos una posición crítica pero más abierta y no esperaba un cierre tan abrupto. El jueves, su dirigente Andoni Ortuzar, expresaba aún en EITB su deseo de que fuera "un asunto de consenso máximo" por estar en juego el acercamiento de la sociedad a las víctimas y la "correcta educación de los hijos". "Es posible combinar ambas cosas", afirmó, pese a advertir sobre "algunos detalles" que le hacían temer una intención ideologizadora.

El Gobierno recibió con sorpresa una oposición frontal que no esperaba

Iturrate advierte de que la aplicación en los colegios "no será pacífica"

Finalmente, la balanza se inclinó ayer del lado de la oposición total. "Volvamos al punto de partida", instó el peneuvista Iñigo Iturrate, al presentar las alegaciones que su grupo ha enviado a la dirección de Derechos Humanos del Gobierno. Iturrate juzgó que el Gobierno ha optado "por un documento ajeno a los intereses de la comunidad educativa", y advirtió de que su aplicación no podrá hacerse "de forma pacífica". "Está condenado al fracaso", sentenció. EA, por su parte, consideró que la propuesta del Gobierno es "un elemento más de su estrategia antiterrorista y no tiene como objetivo la promoción integral de los derechos humanos". Su parlamentario, Jesús María Larrazabal, pidió la apertura de un debate "entre partidos, agentes educativos y expertos internacionales" para elaborar un nuevo plan. El Gobierno no tiene intención de atender la petición y, una vez

La reacción del PNV, que optó por un segundo escalón en su comunicación, recibió la respuesta inmediata del Gobierno, por boca del consejero de Interior, Rodolfo Ares, que fue el encargado a finales de marzo de entregar y explicar el borrador a los grupos y les expresó, como luego en público el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Pastor, y la portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, el interés en alcanzar el máximo consenso. Ares consideró que la posición del PNV, el grupo que más interés revestía para el Gobierno por su tamaño e influencia social, "representa, desgraciadamente, un paso atrás en su compromiso con las víctimas", y Ares recordó la disposición mostrada por el lehendakari a "facilitar la incorporación de otras ideas y matices". "No es entendible que el primer partido de la oposición, sin presentar alternativa alguna, se limite a reclamar la retirada del borrador, desenfocando su contenido y atribuyéndole intenciones que sólo están en la imaginación de algunos", añadió. Las únicas que existen, dijo, "son las que se expresan en su enunciado: reforzar los valores democráticos y deslegitimar todas las violencias, pero sin ignorar que en Euskadi una de ellas ha tenido una manifestación singular, que ha causado el asesinato de 858 personas y sigue teniendo amenazadas de muerte a varios miles más".

La crítica del PNV parte de que el diagnóstico es "erróneo y falso (...) interesadamente político" y "fiel reflejo del pacto PSE-PP", cuyos contenidos buscaría el Gobierno "proyectar al ámbito educativo" para justificar "su discurso del cambio". También considera "fuera de lugar la necesidad de identificación política con el Estado constitucional". El plan no es "integral" sino "reduccionista" respecto a las vulneraciones de derechos humanos, porque pone especial énfasis en las de ETA, y generará, aventura el partido de Urkullu, "un serio riesgo de división y enfrentamiento en la sociedad"

Los peneuvistas critican que el Gobierno haya prescindido de los expertos que asesoraron el plan del Ejecutivo de Ibarretxe, del que hacen una reivindicación constante, y también que no haya contado "con el resto de las instituciones vascas ni con los agentes sociales para su elaboración". A juicio del PNV, el documento pone además en duda la labor educativa en derechos humanos desempeñada hasta ahora por la comunidad escolar".

El PNV ha obviado incorporar cualquier propuesta de modificación, dada la incompatibilidad de raíz de su planteamiento con el del Gobierno, en una plasmación de la afirmación en ese sentido realizado por su portavoz, Joseba Egibar, respecto de la estrategia de lucha contra el terrorismo en su conjunto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 17 de abril de 2010