El Gobierno evitará el choque con las diputaciones en la Ley Municipal

El Gobierno tiene especial interés, a la hora de elaborar el proyecto de Ley Municipal, en no entrar en conflicto con las diputaciones, tal y como ocurrió con el del Ejecutivo anterior, que acabó en la Comisión Arbitral, entre otras cosas, por su pretensión de fijar de antemano un porcentaje de los recursos que distribuye el Consejo Vasco de Finanzas a los municipios.

El Ejecutivo actual renunciará a esa batalla, aunque considera muy cuestionable el pronunciamiento de la Comisión Arbitral a favor de los ejecutivos forales de Vizcaya y Álava, que fueron las dos que recurrieron, a diferencia de Guipúzcoa, donde la presencia de EA en el Gobierno foral pudo impedir una posición en el mismo sentido. El Ejecutivo limitará sus aspiraciones a que el CVF, donde estarán ya los Ayuntamientos, establezca unos criterios que tendrán carácter de mera recomendación.

El Ejecutivo ancla su proyecto en las bases consensuadas en el seno de Eudel

En otra cuestión que puede ser objeto de discrepancia, en este caso no tanto entre administraciones como entre los partidos, el criterio que usará Eudel para determinar qué alcaldes representan a los municipios en el CVF, el Gobierno tiene la intención de proponer que sea el de los votos recibidos por cada formación en las elecciones municipales, independientemente del número de ayuntamientos que gobierne cada cual o de la población que éstos engloben. Este planteamiento daría entrada al PP, que es el tercer partido más votado, aunque sólo gobierne unos pocos pequeños ayuntamientos alaveses.

El Gobierno pretende tener listo a finales de mes un primer borrador, anclado en las bases previamente consensuadas que le remitió Eudel hace tres semanas. Precisamente el retraso de la Asociación de Municipios enviar esas bases, que prometió inicialmente para el pasado diciembre, puede ocasionar ahora un problema al Ejecutivo para lograr colocar su proyecto de ley en la Cámara antes del fin de este período de sesiones, el 30 de junio, tal y como tiene comprometido en su calendario legislativo. Ese primer borrador será remitido a diputaciones y Eudel, y también a los partidos, para que presenten alegaciones de modo previo al cierre del texto definitivo. La tramitación interna del anteproyecto y su información por la Comisión Jurídica Asesora (Cojua), que tiene dos meses para dictaminar sobre él, hacen difícil el cumplimiento del plazo autofijado.

El Ejecutivo tiene interés en aproximarse lo más posible a la fecha que comprometió, porque si la Cámara no debate el proyecto antes de diciembre, será difícil ya que lo haga antes de las elecciones municipales: el clima preelectoral, preven las fuentes consultadas, podría obligar a esperar a después de su celebración. El Gobierno admite no haber detectado hasta ahora resistencias explícitas por parte de las diputaciones, el eterno problema esquivado durante años por el procedimiento de posponer legislatura tras legislatura el abordaje del proyecto. Pero no duda tampoco de que el PNV tratará de encontrar el modo de retrasar la tramitación -será suficiente con que lo logre mínimamente dada la estrechez de plazos- , para evitar que el PSE-EE puede enarbolar en las elecciones municipales la bandera de haber aprobado en dos años lo que los sucesivos liderazgos nacionalistas en el Gobierno no hicieron en los treinta anteriores, convirtiendo a Euskadi en la única comunidad autónoma que carece de Ley Municipal y sumiendo a sus ayuntamientos en una complicada situación.

El Gobierno ya ha acumulado un retraso de dos semanas en los tres proyectos de ley que había comprometidos entregar a la Cámara en el primer trimestre vencido de este año.