Camps afirma que el Gobierno no quiere una salida al mar

Las reacciones a la decisión del alto tribunal no se hicieron esperar. El presidente Camps, de viaje en Bruselas -improvisó una expedición para entrevistarse con el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, y con Aleix Vidal Quadras-, declaró que no entiende por qué al Gobierno "no le apetece" que Valencia tenga comunicación directa con el mar, cuando "ya se planificó en su momento y se previó para que pudiese llegar justo hasta donde pretenden todos los valencianos". "Nos extraña", acabó Camps, "que con los problemas que tiene en estos momentos España, como el paro y otras cuestiones tan complejas para el presente y el futuro de nuestro país, se estén preocupando por la ampliación de una calle de un barrio de Valencia".

Desde el Ayuntamiento, el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, insistió en que les asiste "la razón", pero admitió: "Si toca parar los derribos, paramos, hasta que se resuelva el problema".

La plataforma vecinal Salvem El Cabanyal se mostró "satisfecha" con la decisión y reclamó que se rehabilite el barrio sin destruir edificios. Faustino Villora, portavoz, aseguró que la decisión del Tribunal Constitucional "pone en evidencia" que la actuación del PP durante las demoliciones se podía haber evitado. La asociación de vecinos subrayó que una actuación más "prudente" de Barberá hubiera evitado todos los incidentes de la semana pasada.

En el mismo sentido se pronunciaron los socialistas. Carmen Alborch, portavoz municipal, saludó el anuncio del alto tribunal y pidió a la alcaldesa que "respete la legalidad, abandone la provocación, suspenda los derribos y deje de amenazar con nuevas demoliciones". El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, advirtió al PP de que no les queda "otra salida" que la rehabilitación, algo que compartieron Compromís y Esquerra Unida.