La APM se planta ante los trapicheos en los nombramientos de jueces

La asociación amenaza con pedir la recusación de la vocal peneuvista en el CGPJ

El desbloqueo en el último instante en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la elección del presidente del Tribunal Superior vasco no ha conseguido borrar la sombra de trapicheo que pesa sobre las designaciones de jueces y magistrados. La situación ha llegado a un punto para la Asociación Profesional de la Magistratura (APM, mayoritaria en la carrera judicial y conservadora) que ha decidido "denunciar públicamente las múltiples irregularidades" en los nombramientos que afectan a Euskadi. Los supuestos vetos a sus candidatos para el Superior y la Audiencia de Guipúzcoa, Fernando Ruiz Piñeiro y Juan Pablo González, respectivamente, han sido las gotas que han colmado el vaso de su paciencia.

Acusa a Uria de vetar a su candidato a la Audiencia de Guipúzcoa

"No vamos a permitir que ocurra ni una vez más", advierte el portavoz nacional de la asociación, Antonio García, magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Superior.

La destinataria principal de sus críticas tiene nombre y apellido: la vocal del PNV en el Consejo Margarita Uria, a quien la asociación conservadora acusa de interferir en las negociaciones de los nombramientos para vetar a sus candidatos. Por ello reclamará su abstención voluntaria en los futuros procesos que afecten a Euskadi. De no ser así, exigirá su recusación. "Cualquiera puede estar en contra de un candidato, pero lo que no debe hacer son gestiones para que otras diez personas se opongan a su elección", señaló ayer García a EL PAÍS, en referencia a la dificultad de cerrar nombramientos sin un acuerdo previo entre las distintas corrientes del Poder Judicial.

El portavoz de la APM comparecerá en público la próxima semana para "llamar a las cosas por su nombre" y revelar "con todo lujo de detalles" las gestiones realizadas supuestamente por Uria para vetar la designación de González al frente de la Audiencia guipuzcoana. Como trasfondo late la tensa relación que el poder político y el judicial mantuvieron en Euskadi durante el mandato del anterior Gobierno por el encausamiento del entonces lehendakari Ibarretxe. La imposible reelección de Ruiz Piñeiro al frente del Superior, deteriorada su imagen tras el archivo definitivo del caso por el Supremo, obligó a la asociación conservadora a retirarse de esa carrera y centrar sus esfuerzos en la plaza de San Sebastián, que tampoco ha logrado.

Más que como secuela del infructuoso primer proceso para elegir presidente de esta Audiencia, la crítica de la APM llega como aperitivo del segundo, que acaba de iniciarse con la apertura del plazo para la presentación de las candidaturas. Los aspirantes tendrán hasta el próximo día 28 para formular su solicitud. Por ahora, Juan Pablo González no ha decidido si repetirá. Su asociación aclara que no va a presentar a un aspirante "para que lo vapuleen y veten" otra vez.

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Tampoco ha tomado una decisión al respecto el candidato progresista de la anterior terna, Iñaki Subijana. De igual modo, se mantiene la incógnita respecto al expedientado Luis Blánquez, aunque su presencia se interpretaría de nuevo como una excentricidad sin opciones.

La convocatoria para Guipúzcoa no llega sola. El pasado viernes se abrió también el plazo de candidaturas para encabezar la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Superior vasco, la plaza que deja libre el nuevo presidente del tribunal, Juan Luis Ibarra.

El posible intercambio de cromos entre las corrientes conservadora y progresista del CGPJ cobra fuerza de nuevo ante tal horizonte. Además, el Consejo ha convocado las presidencias de los tribunales autonómicos de Valencia, Andalucía y Cataluña. Falta por determinar aún si la presentación pública de los aspirantes y la elección de los distintos puestos coincidirán en el calendario.

Antonio García sale de la sede del Tribunal Superior de Justicia en Bilbao.
Antonio García sale de la sede del Tribunal Superior de Justicia en Bilbao.LUIS ALBERTO GARCÍA

Malestar o estrategia

El malestar que muestra la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) parece justificado, al menos en términos numéricos. Pese a ser la asociación mayoritaria en la carrera judicial, se ha quedado sin la presidencia del Tribunal Superior vasco. Tampoco gobierna la Audiencia de Vizcaya y no ha podido conseguir, por ahora, la de Guipúzcoa. Un escaso bagaje para su condición que achaca a un veto político propuesto por la única vocal del PNV, Margarita Uria.

Sin embargo, tampoco ha salido mal parada del todo. Las tensas negociaciones en torno a la presidencia del alto tribunal vasco desembocaron en la designación a su frente de Juan Luis Ibarra, una figura independiente que apunta hacia cierta continuidad al frente de la institución. Tampoco la progresista Jueces para la Democracia (JpD) ha conseguido colocar a sus candidatos.

En este contexto, el enfado de la APM cobra fuerza como posible estrategia para forzar las negociaciones y conseguir la plaza de San Sebastián o usarla como carta para un premio mayor.

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