El alcalde de Portas eludirá su condena si recurre

El alcalde de Portas, Roberto Vázquez, podrá seguir ejerciendo si recurre en apelación la sentencia, en los próximos 7 días, por la que fue condenado a un año de suspensión de empleo o cargo público y multa de 3.600 euros por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios al utilizar dos de sus empresas familiares como intermediarias para realizar contratos públicos. Sin embargo, en el supuesto de que la Audiencia Provincial confirmase los términos de la sentencia del Juzgado número 2 de lo Penal de Pontevedra, Vázquez Souto podría quedar apartado de la candidatura del PP para las próximas elecciones municipales, tras 18 años en la alcaldía.

Según la sentencia, entre 1998 y 1999, las sociedades familiares del alcalde, Comercial Vázquez Vázquez S.A. y Comercial Chandouteiro S.L., hicieron trabajos para el ayuntamiento como la recogida de basuras y otros transportes, aunque la tesorería municipal emitió facturas a nombre de terceras personas.

El alcalde vio reducida su condena por dilaciones indebidas en el proceso, ya que la denuncia de la oposición que dio origen a la causa fue presentada ante la Fiscalía de Pontevedra en 2000. La sentencia, sin embargo, desestimó las peticiones de la acusación particular, que solicitaba penas de cárcel para el regidor, al alegar no se han hallado indicios de que hubiese "ánimo de defraudar" por parte de alcalde.

Solicitud de dimisión

Los dos grupos de la oposición, PSOE y BNG, exigen la dimisión del alcalde "por higiene democrática". El portavoz nacionalista Jorge García pidió la intervención de las máximas instancias del PP si Vázquez no se va voluntariamente. También los socialistas creen que el alcalde debe renunciar al cargo, recurra o no la sentencia, y entienden que el partido debería tomar medidas y no consentir que una persona condenada pueda seguir al frente del ayuntamiento "al límite de la ley". El alcalde tiene además pendiente otro juicio por delito fiscal, que aún no ha sido señalado, que podría conllevar de tres a seis años de inhabilitación especial y pena de uno a cuadro años de cárcel así como una multa cercana al millón de euros. En la querella de la fiscalía presentada en marzo pasado, la Agencia Tributaria detectó gastos inflados en la contabilidad de la empresa del alcalde, la promotora Pazos Souro 2000.