Un retraso de doble imposición

Entre tanto lío de previsiones, crisis financieras, reestructuración de cajas, presidencia europea, corrupciones y demás asuntos de calado, pasan desapercibidas otras cosas que, a bote pronto, parecen menores en el mundo de la economía. Pero no lo son. Es el caso, por ejemplo, de las negociaciones para revisar el convenio para evitar la doble imposición entre Estados Unidos y España, y la prevención de la evasión fiscal.

Una cuestión que se arrastra desde 2006 y a la que se refirió José Luis Rodríguez Zapatero cuando acudió a Washington invitado por Barack Obama al Desayuno de la Oración. El presidente aseguró a algunos de los presentes que antes del verano (de 2010, claro) se revisaría el acuerdo. Desde entonces hasta ahora se han mantenido las intenciones y algunos contactos; pero pocos progresos, que se sepan, a pesar de que los dos países están de acuerdo en modernizar el convenio, que data de febrero de 1990. Es una de las tareas que tiene sobre la mesa el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, desde los tiempos de Pedro Solbes como ministro de Economía.

Entre los convidados elegidos para estar con Zapatero estaba el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Malet, quien reiteradamente ha subrayado que está "desactualizado" y que tenía bastante que ver con lo que había dicho el presidente al respecto. Malet pudo explicar a Zapatero que el convenio actual ha provocado que la presencia de empresas de Estados Unidos en España sea muy inferior a la de países del entorno. Para el organismo, conlleva "efectos perjudiciales" para la economía española, ya que "desincentiva la inversión".

Según un documento (white paper) elaborado en 2006 por la cámara que preside Malet, sus socios (es decir, las empresas estadounidenses radicadas en España) se quejan de "los efectos perniciosos" de dicho convenio y sugerían modificaciones en tres aspectos: el tratamiento de las ganancias de capital, los cánones y los dividendos.

Los cambios en las relaciones bilaterales desde la llegada de los demócratas al poder en Estados Unidos han provocado que el organismo intensifique sus demandas. En octubre -es decir, unos meses antes de la visita de Zapatero a Obama- realizó una actualización del citado documento, esta vez con la participación de expertos en la materia de entidades de prestigio presentes en los dos países (Baker & McKenzie, Deloitte, Ernst & Young, KPMG, Garrigues, PriceWaterhouse y Uría y Menéndez), en la que se recogen todas las peticiones.

Los convenios de doble imposición distribuyen entre el Estado de residencia del perceptor de las rentas y el Estado donde éstas se obtienen el derecho a gravar las distintas categorías de rentas. No obstante, los países lo adaptan a sus intereses. Según la Cámara de Comercio americana, el modelo español establece una "desviación significativa" respecto a la OCDE que provoca que la ganancia de capital originada en la transmisión de acciones de una compañía española por parte de una estadounidense que la participe en más del 25% durante el año precedente, tribute en España con independencia de que ya lo haga en Estados Unidos.

La Cámara de Comercio americana añade que los rendimientos de capital mobiliario también están sometidos a tipos más elevados en España que en otros países que han actualizado sus convenios. Eso sitúa al país "en situación de desventaja comparativa" a la hora de atraer inversiones. Así, mientras los beneficios distribuidos por las filiales residentes en España a sus holdings residentes en otros Estados de la UE están libres de tributación, los de las compañías norteamericanas se gravan con un tipo del 15% si la participación del holding es inferior al 25% y del 10% si iguala o supera ese porcentaje.

Los obstáculos llevan, en su opinión, a que "aproximadamente la mitad de los activos empresariales estadounidenses que hay en España (más de 42.500 millones de euros) se hayan triangulado, es decir, a través de terceros países como Holanda, Luxemburgo o Bélgica, "por razones fiscales". La facturación agregada de las empresas estadounidenses establecidas en España como de las empresas españolas con presencia en Estados Unidos se aproxima al 24% del PIB español (1,1 billones de euros), lo que pone de relieve la importancia de este asunto. -