La Xunta desbloquea las actuaciones urbanísticas en el Puerto de Marín

El pasado 30 de octubre, el Tribunal Supremo anuló de una tacada un relleno de más de 300.000 metros cuadrados en Marín y el Plan Especial del Puerto en su totalidad, aprobado en 2000. La sentencia es inapelable, envía al limbo jurídico a todas las empresas instaladas en la ampliación ilegal y obliga a reponer la zona a su estado anterior. La Xunta lo ha solucionado de un plumazo. Un informe de tres folios de la Secretaría Xeral de Urbanismo concluye que no hay vacío legal, y lo justifica por la aprobación en 2005 de una modificación del Plan Especial que, según la Xunta, deroga el anterior y mantiene intacta su validez.

Si el primer Plan Especial del Puerto de Marín, el aprobado en 2000, amparaba la ocupación de más de 300.000 metros cuadrados de la ría pontevedresa, la modificación que ahora reivindica Xunta, aprobada en febrero de 2005, ampliaba esos rellenos. La reforma del plan llevaba la firma de Alberto Núñez Feijóo, entonces vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Política Territorial, y carecía de estudio de impacto ambiental, uno de los principales motivos de la anulación por el Supremo.

Urbanismo sostiene que las obras están "perfectamente legitimadas" Los afectados reclaman al Supremo que se ejecute su fallo

La exposición de motivos de la modificación del plan de 2005 dejaba poco lugar a dudas. Apelaba a la necesidad de hacer frente a las "exigencias impuestas por el incremento del tráfico" y a "las demandas empresariales de suelos y servicios". Las primeras actuaciones, añadía la reforma, deberían consistir en "la previsión y obtención de nuevos muelles con calados suficientes", así como la "previsión de superficies para el almacenamiento cubierto y descubierto de mercancías".

Ahora, esa ampliación de los rellenos es la que sirve de soporte jurídico a todo el terreno ganado al mar y al propio Plan Especial del Puerto. Así, según la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, de la que depende Urbanismo, todas las obras ejecutadas en terrenos portuarios "están plenamente legitimadas". "No hay vacío normativo", sostiene la secretaria general de Urbanismo, Encarna Rivas.

Los argumentos de la Xunta se sustentan en que la modificación de 2005 tenía "carácter derogatorio" respecto al plan anterior, lo que equivaldría a que el Tribunal Supremo falló sobre un documento que ya carecía de validez. El plan y su posterior reforma, añade, son "instrumentos de planeamiento distintos, aunque su contenido pueda resultar en algunos aspectos coincidente".

El informe, elaborado a instancias del Ayuntamiento de Marín, elude cualquier alusión a la parte más delicada de la sentencia del Tribunal Supremo: la obligación de "la reposición de la zona portuaria a la anterior situación y estado". Es decir, desmontar un relleno de 300.000 metros cuadrados, para lo que establece incluso un reparto de costes del 30% para la Xunta, 20% para la Diputación de Pontevedra y 50% para la Autoridad Portuaria.

Esa omisión la consideran deliberada los organismos que promovieron las denuncias contra el relleno, que creen que la Consellería de Medio Ambiente se está preparando el camino para declarar inejecutable la sentencia. Los primeros recursos los plantearon la plataforma de Defensa da Ría y el colectivo vecinal de Placeres. Este último, que emprendió la batalla contra el plan del Puerto por la previsión de construir una infraestructura ferroviaria de acceso a las instalaciones portuarias por el medio de una plaza pública, fue el que llegó hasta el Supremo para conseguir la sentencia anulatoria.

Los argumentos de la Xunta han causado estupor entre los colectivos que presentaron las demandas, ya que la modificación del Plan Especial del puerto adolece de los mismos defectos que denunció el Tribunal Supremo, entre ellos la ausencia de un estudio de impacto ambiental que sustente los rellenos. "Si el plan de 2000 queda anulado, lo lógico es que la modificación de 2005 también lo esté", afirma un portavoz de Defensa da Ría. Pese al informe de la Xunta, la asociación de Placeres formalizó en días pasados su solicitud de ejecución de la sentencia. El presidente de la Autoridad Portuaria de Marín, José Benito Suárez Costa, en cambio, sostiene que desmontar la ampliación efectuada en la ría tendría un coste ambiental más agresivo que el propio relleno.