El convenio que legaliza viviendas en Barreiros excluye los pagos privados

En el convenio para dotar de abastecimiento a más de 4.000 viviendas de Barreiros que estaban paralizadas por el bipartito no aparece por ningún lado la participación de los promotores. La responsabilidad del pago de los 14 millones de euros que hará posible desbloquear los pisos construidos irregularmente es sólo de las administraciones que suscriben el acuerdo: Diputación de Lugo, Ayuntamiento y Xunta.

A pesar de que tras el Consello de la Xunta del pasado jueves, el presidente Alberto Núñez Feijóo destacó que "la partida más importante es la que ponen los propios promotores con más de seis millones de euros", el borrador del acuerdo -que ya fue refrendado en pleno por el Ayuntamiento- no dice nada de eso. El texto recoge que tres millones proceden de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas; 2,6 de la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos; 1,2 de la Diputación y 7,2 del Ayuntamiento. Los promotores ni suscriben el convenio ni tienen en él responsabilidad.

¿De dónde salen entonces esos más de seis millones de los empresarios? Aunque el Consistorio, con un presupuesto de unos tres millones de euros, es el responsable en última instancia de pagar 7,2 millones, teóricamente sacará 3,6 de otro convenio de 2006 con 25 promotores y 2,3 de avales de urbanización obligatorios para estas empresas. Sólo 1,2 corresponden a fondos propios.

Pero los números del Ayuntamiento no le cuadran a todo el mundo. Antonio Veiga, portavoz del BNG en el municipio de Barreiros, asegura que de esas 25 empresas, sólo siete hicieron efectivo su aval. "El resto desaparecieron", asegura. Según dice, el Ayuntamiento sólo pudo recaudar poco más de un millón de euros de estos 3,6. "Se hacen responsables de aportar un dinero que no tienen", asegura.

El alcalde de la localidad, Alfonso Fuente Parga (PP), denunciado por prevaricación por la fiscalía por permitir las construcciones, reconoce que "es posible que alguna empresa haya desaparecido". Sin embargo, se muestra seguro de que no habrá ningún problema para cumplir su parte del acuerdo y satisfecho por el trato entre las administraciones: "Todo ese dinero está avalado, lo tienen que poner, si hay problemas se verá sobre la marcha, pero no tememos que no haya fondos suficientes. No tenía lógica estar continuamente en contenciosos por si había o no servicios".

En cualquier caso será su Ayuntamiento el que tenga la tarea de aportar la mayor parte del montante total de convenio (7,2 millones), los consiga de los promotores o no. En el acuerdo, la única referencia que se hace a los empresarios es que el Consistorio está obligado a "suministrar toda la información relativa a la situación actual del convenio de colaboración Concello-empresarios suscrito el 4 de julio de 2006 para establecer las obligaciones de los empresarios intervinientes para el financiamiento de las obras de ampliación y mejora de las infraestructuras municipales de abastecimiento de agua y del estado actual de ejecución de estas".

El portavoz del BNG se pregunta que, si el Ayuntamiento no fue capaz de hacer cumplir ese acuerdo de 2006, "cuando el boom inmobiliario estaba en plena cresta de la ola, ¿cómo van a poder hacerlo ahora?". "Cuando le preguntábamos de dónde iba a sacar todo ese dinero, respondía que lo pondrían la Xunta y la Diputación en el convenio. Ahora que se ha anunciado vemos que no es así y que es imposible de cumplir", añade.

Sobre estos aportes financieros preguntó ayer en el Parlamento el diputado socialista Ismael Rego. "La intención de la Xunta es que las administraciones pongan 14 millones de euros, por eso los promotores no aparecen. De Barreiros alguien se ha llevado 14 millones y ahora los vamos a tener que poner entre todos", afirmaba ayer.

La Consellería de Medio Ambiente explicó a este periódico a través de un portavoz que, efectivamente, la responsabilidad de recoger el dinero de los promotores es del Ayuntamiento y que cómo lo haga es sólo competencia suya. "De dónde saque la financiación cada institución es algo que no tiene por qué aparecer en el convenio. Es más ágil así. Nosotros no tenemos conocimiento de cuáles son las empresas con las que el Ayuntamiento tiene convenios o cuál es su situación, pero entendemos que si se compromete a aportar esos fondos es porque realmente puede hacerlo", relata.