Valencia elevó la altura de varios edificios frente al Parque Central

Un edificio de siete alturas rompe abruptamente el perfil que forman los edificios en la calle de Gibraltar, en Valencia. El inmueble de siete alturas, sede del sindicato CSIF, contrasta con las construcciones de planta baja más tres alturas que preveía el Plan General de Ordenación Urbana de la capital para el barrio de Russafa.

En febrero de 2003, a propósito de la operación urbanística de Parque Central -que prevé el soterramiento del ferrocarril y la creación en superficie de un gran parque urbano con cuatro torres de viviendas-, el Ayuntamiento de Valencia aprovechó la redacción del planeamiento del parque para recalificar y elevar las alturas del frontal -del número 5 al 27- de la calle de Gibraltar, que discurre paralela a lo que será este gran pulmón verde. El convenio de 2003 entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, para la remodelación de la red arterial ferroviaria de Valencia no aludía a esta recalificación.

El Consell quiso anular un acuerdo plenario en el que se modifica el PGOU

En La Vila, los dos colegios funcionan íntegramente con barracones

Tras el cambio, los edificios que se edificaran en ese tramo de la calle pasaban de cuatro a siete alturas. A cambio, los propietarios se obligaban a pagar el nuevo aprovechamiento urbanístico de acuerdo con las plusvalías aplicadas a la operación Parque Central. Los dueños abonarían 494 euros por metro cuadrado adicional de edificabilidad. La Junta de Gobierno Local de Valencia dio el visto bueno a esta modificación el 29 de octubre de 2004, que fue definitiva en 2007.

El principal agraviado por el cambio urbanístico fue el propietario de la finca de la calle de Gibraltar número 13, inmueble contiguo a la nueva sede del sindicato, que construyó de acuerdo con la tipología prevista en el PGOU para Russafa, es decir, una planta baja y tres alturas.

Un informe técnico del arquitecto municipal en el año 2009 tasó en 275.981 euros ambas parcelas a efectos de expropiación. El Ayuntamiento de La Vila planteó a la promotora en este proceso de expropiación la posibilidad de cobrar en metálico el importe de la tasación, es decir 275.981 euros, o de obtener 2.079 metros cuadrados de edificabilidad en el sector urbanístico PP-9 Plans, donde está ubicado el instituto. La empresa Valdeprocasa optó por ganar edificabilidad en este terreno en el proceso de expropiación.

Y un detalle interesante es que estas dos empresas promotoras, Valdeprocasa y Alicantina de Mediaciones Inmobiliarias, comparten domicilio social en el Centro de Negocios del Muelle de Poniente del puerto de Alicante.

Unos terrenos contiguos al colegio Mare Nostrum de La Vila, calificados como zona verde, ya fueron objeto de una maniobra especulativa idéntica entre los pasados años 2004 y 2005. En aquella ocasión, un total de 3.445 metros de suelo, pegados al centro educativo, fueron comprados por la empresa Birmingham Inversiones en 2004 por 420.780 euros. Valdeprocasa adquirió la citada parcela un año después, pero en esta ocasión la operación supuso un desembolso de 2,5 millones de euros, aunque el valor final de tasación de los técnicos municipales a efectos de su permuta acabó otorgándole un precio de 3,11 millones de euros en 2006.

La permuta por la que el consistorio adquiría ese suelo y el chalé Centella a cambio de más de 10.000 metros de edificabilidad en primera línea de costa fue anulada en el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Alicante, pero el Ayuntamiento siempre se ha negado a ejecutar la sentencia.

Y ahora ese solar contiguo al colegio Mare Nostrum está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para el gobierno del PP de La Vila. Su negativa a ejecutar la sentencia judicial que obligaba a Valdeprocasa y al consistorio a revertirse mutuamente los bienes que habían permutado en el año 2006 le ha llevado a cometer otra irregularidad. Para poder ceder el solar que debería ampliar el patio del colegio, el pleno de La Vila Joiosa aprobó el año pasado con los votos del PP una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que pretendía convertir 3.445 metros calificados como zona verde en suelo dotacional para usos educativos.

Era el paso previo para su posterior cesión a la Consejería de Educación, encargada de realizar las obras de ampliación del centro escolar. Pero aprovechando la ocasión, incluyeron modificaciones de las magnitudes del suelo dotacional. Y esa modificación no es competencia municipal, sino de la Administración autonómica. Como consecuencia de este paso, la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda requirió al Ayuntamiento de La Vila para que procediera a "anular el acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual" del centro escolar". El PP tuvo que convocar un pleno extraordinario, pero lejos de anularlo, decidió que esquivaría a la consejería, como ya hizo con el juzgado, y aprobó "dejar parcialmente la modificación sin efecto". Es decir, eliminar sólo aquellas modificaciones que no son competencia municipal.

Todas estas actuaciones inmobiliarias contrastan con la realidad educativa de la localidad alicantina, donde padres, alumnos y profesores están hartos de denunciar que los colegios Gasparot y Doctor Esquerdo están funcionando íntegramente con barracones.