Discapacitados y profesionales rechazan una enseñanza "aislada"

Cuando se tiene un hijo con alguna discapacidad física o mental comienza un auténtico "viacrucis burocrático" para las familias. Desde que se detecta la disfunción temprana -en la mayoría de casos cuando nace- y se obtiene el pertinente dictamen médico y de escolarización hasta que el niño es debidamente escolarizado y atendido, no siempre se produce un proceso lineal. En la actualidad, la normativa -"dispersa" y plagada de "disfunciones", según admite la propia Consejería de Educación- no contempla, por ejemplo, la escolarización desde los 0 años. Tampoco está coordinada la formación a lo largo de toda la vida de un alumno con discapacidad.

Cada curso comienza con denuncias -algunas de ellas dramáticas- de madres y padres que no han conseguido un educador de apoyo para su hijo, llegando a ponerse incluso en huelga de hambre como ocurrió el 9 de febrero de 2009. Ricardo Quesada, padre de un niño de 12 años con Síndrome de Down y una grave enfermedad pulmonar, se vio obligado a tomar esta medida extrema para que la Consejería de Educación emitiera la "prometida resolución" que permitiera un educador de apoyo para su hijo.

La regulación de "unidades específicas" ha levantado ampollas

Los familiares apuestan por una ley que integre a los niños en las aulas

El decreto afecta a 4.134 educadores, fisios, logopedas y pedagogos

Abarca desde niños superdotados a con trastorno conductual o de aprendizaje

Amparo Navarro, madre de Aaron -un adolescente con Síndrome de Duchenne (una de las enfermedades degenerativas más raras y graves)- ha combatido en todos los espacios públicos durante todo un curso y parte del otro para obtener, finalmente hace sólo un mes, el educador a tiempo completo que su hijo necesita para poder seguir las clases con normalidad. El caso llegó a la Fiscalía de Menores.

Como ellos, los padres de los cerca de 3.000 discapacitados que hay escolarizados este curso y los 4.134 profesionales (entre profesores de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Educadores, y Fisioterapeutas) que atienden desde discapacidades a problemas conductuales, viven una situación laboral inestable. Sin un sueldo homologado a la carrera docente, horarios diferentes de los lectivos, con escasa capacidad de tener una carrera profesional ascendente y a caballo entre la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, las necesidades de Educación y la atención ambulatoria u hospitalaria (temporal o regular) de muchos de estos niños.

La Consejería de Educación es consciente de las "dificultades" para poner en orden esta dispersión de recursos. Admite, pues, las "disfunciones" del actual sistema, según confirma en entrevista el director General de Ordenación y Centros, Rafael Carbonell. "Tenemos un refrito de normativas, que a veces entran en contradicción. Queremos poner orden y optimizar los recursos para que cada niño esté atendido en sus necesidades específicas, sean las que sean", sostiene el impulsor de un nuevo decreto que, además de las discapacidades, regulará todo el abanico que contempla la Ley Orgánica de Educación (LOE) bajo el paraguas de Necesidades Educativas Especiales (NEE). Esto es, desde alumnos discapacitados a superdotados, desde nacionales o inmigrantes de incorporación tardía al sistema, a aquellos que necesitan planes curriculares adaptados o medidas compensatorias y también los que requieren atención hospitalaria o domiciliaria.

El decreto pretende articular en el mismo marco legal las necesidades de un gran abanico de alumnos, que fácilmente puede cerca del 20% de la matrícula de escolares (766.332 alumnos este curso). Y, por primera vez también, se propone hacer extensible la corresponsabilidad a la red de enseñanza privada-concertada. "Hasta ahora el peso de esta atención recae sobre la escuela pública", reconoce Carbonell.

"La intención", según Carbonell, "es ampliar la enseñanza a todos los niveles, incluidos los posobligatorios y las enseñanzas de régimen especial (danza, música, deporte, formación de adultos)". Que un niño sea atendido desde que nace, por ejemplo, es todavía uno de los caballos de batalla de Asindown. Hasta ahora esta competencia recae sobre Bienestar Social. La Consejería de Educación reconoce que tendrá que regular la escolarización de estos niños, al menos en la actual red de 33 guarderías dependientes de ella y en las que puedan ir construyéndose.

El proyecto -que lleva un año durmiendo el sueño de los justos porque iba a ser abordado dentro de la aplazada Ley Valenciana de Educación- ha comenzado ya su recorrido, de forma lenta y con críticas de los profesionales y las asociaciones de familiares de discapacitados que no quieren una enseñanza "aislada", en clases paralelas. "Eso sería una regresión", dice Carbonell. "No tenemos prisa, queremos negociarlo todo y con todos. Queremos que nos hagan alegaciones, pero queremos sacarlo de la manera más completa posible", concluye.

El borrador ha recibido críticas de los tres sindicatos mayoritarios porque lo consideran excesivamente "vago" y que se queda en una mera "declaración de intenciones", coinciden Pilar Paniagua, negociadora de CC OO, Miguel Latorre, de Fete-UGT y Josep Aranda del STEPV.

Pero quizá, el talón de Aquiles principal se encuentre en la propia definición del "modelo de escolarización". La propuesta de regular unas "aulas específicas" dentro de los colegios y también de los institutos -tanto públicos como concertados- no gusta a todos. Recuerda al tardofranquismo, cuando epilépticos, esquizofrénicos, Síndrome de Down estaban en aulas apartadas de los alumnos ordinarios.

Este modelo se puso en marcha en 1998. Diez años después, el curso pasado había ya 104 unidades específicas en 73 colegios ordinarios, pero no tienen continuidad al llegar a la etapa de Secundaria en los institutos. Con el decreto, éstas se extrapolarán también a los institutos. Algunos educadores consultados sostienen que las aulas específicas "son válidas para determinados casos y si no se abusa de ellas", apunta Silvia Pardo, maestra de Educación Especial que trabaja como profesional terapéutica en un instituto de la provincia de Alicante.

Para Pilar Paniagua, de larga experiencia en educación especial, sin embargo, es clave que el "modelo sea integrador" y que "abarque todas las etapas educativas desde que el niño nace".

Otro concepto clave, tanto para la Administración como para los sindicatos, es la "formación". Carbonell reconoce que hay que "reciclar" a todo el personal que trabaja en un centro educativo para que éste sea de verdad inclusivo: "Desde el bedel al tutor". A un niño autista, por ejemplo, no se le puede levantar la voz porque puede tener una crisis nerviosa. Algo tan sencillo, pero tan desconocido para la mayoría de ciudadanos.

El decreto comienza ahora un largo proceso negociador, distribuido en cuatros grupos de trabajo. El reconocimiento del "carácter educativo" de los fisioterapeutas, educadores, logopedas, enfermeros que trabajan en el área educativa a tiempo completo -pero que dependen de diferentes consejerías- y la homologación retributiva con el sector docente para tener una carrera profesional y acabar con la discontinuidad laboral son claves para la calidad del sistema. La fórmula propuesta por la Administración para "blindar la coordinación de las consejerías es una memoria económica que garantice todos los recursos humanos y económicos necesarios". Ése es el reto del Gobierno popular, que desde 1998 lleva en su programa electoral la promesa de una ley integral de educación especial.