Correa se aferra a la anulación de las escuchas para recurrir su fianza

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, que instruye desde hace un año el caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción de la democracia vinculada a un partido, requirió el pasado miércoles a los cabecillas de la red delictiva que presten una fianza de más de 116 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en caso de que sean condenados, se les podría imponer por lo defraudado con sus actividades ilegales. Si no satisfacen esa cantidad, el juez les avisa de que embargará sus bienes, según publicó El Periódico de Catalunya.

Francisco Correa, cabecilla de la trama, no pagó las cuotas tributarias correspondientes al IRPF entre 2002 y 2007 por casi 36 millones de euros, ni tampoco liquidó el Impuesto de Patrimonio. Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta, tampoco abonó sus cuotas de IRPF del año 2006 por 539.120 euros. Álvaro Pérez, el Bigotes, que abrió sucursal de la trama corrupta en Valencia con la empresa Orange Market, tampoco abonó las cuotas tributarias correspondientes a sus trabajadores durante los años 2006 y 2007 por 330.830 euros.

El abogado del cabecilla de la trama corrupta pide de nuevo su libertad

La Agencia Tributaria ha elaborado un informe, cuya base documental es todo lo investigado en relación con la trama corrupta, en el que pone de manifiesto estos impagos. Por esa razón, el juez Pedreira, que ya había fijado fianzas de responsabilidad civil a otros implicados, entre ellos varios altos cargos del PP, decidió imponer las nuevas garantías a los principales responsables de la trama, entre los que incluye a José Ramón Blanco Balín, asesor de Correa en la creación de sociedades con las que blanqueaba dinero, según el juez. A Blanco Balín, Pedreira le pide 30 millones de euros para atender las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran corresponderle como consecuencia de la investigación judicial.

Los implicados tienen un día para abonar la fianza, aunque el abogado de Correa, José Antonio Choclán, ya aclaró ayer a EL PAÍS que presentará un recurso de reforma contra el auto de Pedreira al entender que, tras la anulación de las escuchas en la cárcel , su defendido podría beneficiarse de la anulación de otras pruebas que podrían llevar al magistrado a tomar una decisión distinta en relación con la fianza.

Choclán cree que no tiene sentido anticipar una resolución de ese tipo después de la anulación de las escuchas y sólo cinco días antes de que se levante el secreto de sumario, momento en el que podrían conocerse nuevos datos relevantes para la defensa de Correa. El abogado del jefe de la trama corrupta ha anunciado que volverá a pedir la libertad de su defendido, que ha sido rechazada en anteriores ocasiones por el instructor del caso y por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Correa lleva en la cárcel desde febrero de 2009. Su abogado entiende que se han vulnerado derechos fundamentales de su defendido por la intervención que ordenó Garzón de todas sus comunicaciones en la cárcel, incluidas las que mantenía con distintos letrados.

La decisión de Choclán anticipa una avalancha de recursos de los abogados de los distintos imputados en la causa tras la resolución de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de anular las escuchas en prisión.

El auto que anulaba las escuchas, aprobado con el voto a favor de dos magistrados y en contra de un tercero, señalaba que a partir de ahora los abogados de los distintos imputados en la causa podrían solicitar la anulación de pruebas siempre y cuando se hubieran obtenido como consecuencia de las escuchas practicadas en la cárcel.

El juez Pedreira deberá resolver, una vez que se conozca todo el sumario, sobre las pruebas que deberían anularse en función del auto de las escuchas telefónicas en la cárcel y de los recursos que presenten los abogados de los implicados en la trama corrupta.

Antes de la intervención de las comunicaciones en prisión, ahora anuladas, el juez Baltasar Garzón había acumulado durante seis meses pruebas que acreditan el pago de sobornos por parte de la trama corrupta, el blanqueo de capitales, el trato de favor de algunas administraciones públicas gobernadas por el PP y el fraude fiscal de los principales implicados.