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Cerco judicial a la corrupción

Pagos a políticos en el lugar que pidan

El último auto del juez Antonio Pedreira, instructor del caso de corrupción vinculado al PP, define así el negocio que dirigía Francisco Correa: "Para la obtención de los contratos públicos utiliza las relaciones personales con quienes ocupan puestos de responsabilidad en dichos órganos, de tal forma que consigue los mismos sin que exista una libre concurrencia en las adjudicaciones".

En la Comunidad de Madrid, las empresas de Francisco Correa se encargaban, sin concurso de por medio, de la inmensa mayoría de actos institucionales en los que estuviera presente Esperanza Aguirre, porque así lo amañaba el entonces consejero de Deportes, Alberto López Viejo. Si esos actos costaban más de 12.000 euros, se troceaban para evitar el concurso público. En la Comunidad Valenciana, el Gobierno de Francisco Camps adjudicó más de 40 contratos menores, sin concurso, a la empresa Orange Market, la filial de la trama en esa comunidad.

Pedreira continúa: "En contraprestación a la obtención de los contratos para sus empresas, [Correa] entregaría a los responsables políticos compensaciones, de naturaleza económica o de otro tipo, en la forma y en el lugar que lo soliciten".

La investigación judicial ha acreditado el pago de sobornos a políticos a cambio de contratos o pelotazos urbanísticos. El pago se efectuó en dinero (casi tres millones de euros a media docena de dirigentes del PP, según el último auto judicial) o en especie: vehículos de lujo, televisiones de plasma, viajes exóticos o trajes a medida.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de abril de 2010