Mendia y Olano sitúan a los menores inmigrantes fuera del debate político

El diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, y la consejera de Justicia del Gobierno, Idoia Mendia, optaron ayer por dejar "fuera de la confrontación política" un debate tan volcánico como el de los menores extranjeros no acompañados. Recondujeron así el desencuentro causado por una declaraciones de la consejera que abrieron un enésimo frente entre Gobierno y Diputaciones.

Mendia, que conoce el tema de primera mano, abrió la polémica al decir en voz alta lo que los informes de los técnicos de Justicia llevan meses diciendo: entre los menores de Guipúzcoa ha calado la idea de que cometer delitos es una opción para evitar los centros forales y ser enviado a uno cerrado, donde reciben formación y se les tramitan los papeles. El informe del Ararteko remitido al Parlamento Vasco incluye un dato esclarecedor al respecto: el 57% de los menores extranjeros no acompañados acogidos en centros de justicia juvenil tras cometer un delito durante 2009 residían en Guipúzcoa.

La consejera quiere extender el acuerdo con Guipúzcoa a Vizcaya y Álava

La atención a menores debe quedar "al margen de todo tipo de polémicas", coincidieron ambos dirigentes tras la reunión institucional de ayer. En el comunidado conjunto, destacaron la necesidad de crear "un espacio de cooperación leal" entre instituciones, agentes sociales y ciudadanía.

Gobierno y Diputación se ponen como meta "reducir" la cifra de menores atendidos en el sistema de protección infantil que terminan en centros cerrados, gestionados por Justicia. Compartir información, plantear objetivos comunes y crear un clima de trabajo libre de desconfianza, así como establecer objetivos comunes en la libertad vigilada del menor son algunos de los objetivos. Cabe recordar que en 2009, por ejemplo, la Diputación de Guipúzcoa impidió que varios menores en el centro de Deba acudieran al centro de iniciación profesional correspondiente a pesar de que la medida estaba incluida entre las actividades de obligado cumplimiento establecidas por el juez.

También anunciaron la creación de dos comisiones para coordinar el trabajo común de ambas instituciones. Una estará en el seno de la Comisión de Infancia y Juventud de la comunidad autónoma vasca y otra tendrá carácter técnico, en la que se elaborarán protocolos de coordinación para la intervención conjunta. En este último grupo de trabajo, se prevé establecer una delimitación de las funciones correspondientes a cada institución, así como consensuar planes individualizados para los menores que cumplen medidas judiciales. La consejera de Justicia anunció su intención de extender este acuerdo a las diputaciones de Álava y Vizcaya, con el fin de iniciar también con éstas "un camino de colaboración formalizado".

Preguntada sobre si se retractaba de sus controvertidas declaraciones, Mendia respondió que al encuentro de ayer no había venido "más que a construir el futuro y a hacer trabajo en común". También añadió que ambas instituciones comparten "diagnóstico y preocupación por estos menores", informa Efe.

Mendia tendrá que lidiar con otro escollo para evitar que la cuestión de los menores inmigrantes vuelva a estar en el rifirafe político: el PNV ha solicitado su comparecencia en el Parlamento para que explique sus declaraciones.