El escándalo 'De Miguel' obliga a Agirre a revisar las actividades de su equipo

El diputado general de Álava, Xabier Agirre, no quiere más sobresaltos en el largo año que le queda de mandato. En un escrito dictado esta misma semana ha ordenado a la Secretaría de la institución foral que revise las "declaraciones de actividad" que hicieron todos sus diputados y altos cargos antes de ser nombrados, y proponga medidas correctoras si aprecia incompatibilidad en alguno de ellos.

La medida, anunciada en la Comisión de Régimen Foral de las Juntas Generales de Álava es efecto directo de la imputación judicial por tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de dinero del miembro de su equipo con más peso político y proyección de futuro, el diputado de Administraciones Locales, Alfredo De Miguel. Fue detenido para ser interrogado la madrugada del jueves 18 y después puesto en libertad, junto a otras siete personas. Esa misma tarde dimitió como diputado.

Supuestamente, De Miguel estaba en la cúspide de una red con presencia en numerosísimas sociedades públicas y privadas (Ver cuadro abajo). Él además figura como administrador único de Landaburu Etxea, la sociedad que compró la nueva sede del PNV en la céntrica plaza de la Virgen Blanca. También aparece como apoderado de Eskalmelo, la sociedad que compró al menos siete parcelas en 2007 en Kripan (Álava). Un pueblo cuyo Plan de Ordenación Urbana aprobó siendo diputado dos años después.

Alfredo De Miguel no aportó la documentación de estas dos últimas sociedades en la declaración que hizo a la institución Foral en 2007. "Probablemente incurrió en incompatibilidad", reconoció ayer el diputado general, pero a renglón seguido dijo no creer que actuara "de mala fe" porque lo corrigió en la declaración de 2008, al cambiar la normativa. Para el PP la intención era manifiesta. El juntero Javier De Andrés dijo que no lo declaró para no incurrir en una incompatibilidad que le hubiera alejado del nombramiento, y además porque hubiera dejado en evidencia algunos de sus negocios difícilmente conciliables con la vida pública.

El máximo responsable del Ejecutivo foral dejó claro, no obstante, que, si los datos "fueron incompletos o inexactos", la responsabilidad será imputable en exclusiva "al propio declarante". También dijo desconocer que De Migel y su empresa Landaburu Etxea hubieran comprado para el PNV la futura sede del centro de Vitoria. Frente a la postura del PSE que "sólo hará valoraciones políticas cuando se conozca el sumario", y las duras críticas del PP, el diputado general adelantó que si los grupos piden una comisión de investigación "no me opondré".