Treinta años después, capitalidad en discordia

"Se designa a Gasteiz-Vitoria como sede del Parlamento y Gobierno. Firmado, el Presidente, Carlos Garaikoetxea Urriza". Eso es todo lo que dice la ley. Euskadi, a efectos jurídicos, no tiene capital. Ese escueto e intencionadamente limitativo artículo único de la Ley de Sede de las Instituciones de las Comunidad Autonómica del País Vasco -éste es su nombre oficial- fue motivo y fruto, hace treinta años, de cálculos, disputas, presiones y enfados. Sobre todo, de modo tardío, porque quizá ni podían esperarlo, desde los poderes económicos de Bilbao, Confederación de Empresarios de Vizcaya, Feria de Muestras y Cámara de Comercio. Pero también dentro de cada uno de los partidos, PNV, PSE y UCD, que finalmente respaldaron la propuesta de Garaikoetxea. Sólo la entonces Alianza Popular (AP) votó en contra. La justificación, también escueta, que figuró en el texto legal, fueron "las condiciones de todo tipo que ofrece la ciudad". El 23 de mayo hará 30 años de todo eso. La ciudad recibió más bien indiferente, o incluso recelosa, aquel fruto de una inteligente y adelantada actuación del entonces diputado general y portavoz del PNV en el Parlamento, Emilio Guevara, que sirvió en bandeja a Garaikoetxea todo lo necesario, incluidos los 500 millones de pesetas en que se calculó el costo.

En 3 décadas no se ha hecho ningún estudio de impacto de la capitalidad

La ley no menciona el término 'capital' que demanda la ciudad

El debate incomoda al Gobierno y las direcciones de todos los partidos

Vitoria se dispone a celebrar ese aniversario con distintos acontecimientos durante todo el mes de mayo -desde una reunión de alcaldes europeos, iberoamericanos y del Caribe organizada con motivo de la presidencia española de la Unión Europea hasta festejos populares- una condición de capital institucional del país para la que demanda ahora un reconocimiento legal más explícito.

Lo que a la ciudad le cuesta, o lo que recibe por ese ejercicio como capital, que nominalmente no existe en ninguna parte, es imposible de calcular: en treinta años no se ha hecho nunca un estudio de impacto. Su realización, impulsada por EB, se acordó en 2008, pero sólo el viernes, a la par del debate que decidió pedir al Parlamento el reconocimiento más explícito de la capitalidad, la corporación que preside el socialista Patxi Lazcoz, decidió impulsarlo. Estará listo a fin de año, de la mano de la UPV, que analizará sobre todo en los aspectos económicos, sociológicos y de imagen de la ciudad. "Con él podremos quitarnos las legañas y dejar de hablar de oídas e intuiciones", dice el concejal autor de la idea, José Navas.

Mientras llega, las discusiones se basan efectivamente en impresiones y las hay para todos los gustos: desde las que ponen el acento en la proyección exterior que proporciona cada mención del nombre de Vitoria en un informativo o en los ingresos fiscales que proporciona la nómina de los empleados del Gobierno, hasta los que le atribuyen, en negativo, la carestía de los pisos o las concentraciones y protestas ante las sedes oficiales.

Ante la falta de consenso y frente a la actitud quejosa del equipo anterior - "no sé si en el Gobierno vasco saben que cuando abren la ventana están en Vitoria", dijo en su día el entonces alcalde del PP, Alfonso Alonso, la primera vez que pidió una ayuda cuantificada en mil millones de pesetas (seis de euros ahora)- el actual regidor optó, ante la falta de consenso, por estimular primero la identificación ciudadana con la capitalidad. En ello lleva tres años. Y en ello seguía, el día que presentaba los actos del 30º aniversario, y sin ninguna intención de ir más lejos por ahora, cuando irrumpió el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna. "De ilusión también se vive", dijo, al tiempo que anunció que no acudiría a la celebración del 23 de mayo porque ese día torea en Bilbao José Tomás, y rebajó la condición de Vitoria, de capital, término usado comúnmente, al de "sede", y ni siquiera de las instituciones sino de "los servicios comunes", dijo. Intencionado políticamente -le siguió el diputado general, José Luis Bilbao- o simple reacción visceral, tocó fibra sensible, incluso la de su partido: le contestaron hasta la portavoz en el ayuntamiento, Malentxo Arruabarrena, y también la Diputación alavesa. A juicio del firmante de la ley de 1980, Carlos Garaikoetxea, se ha revelado "una visión localista, desafortunada, que puede encender agravios y despertar sensibilidades provincialistas", dijo a este periódico. El primer lehendakari rememora los dos motivos que llevaron a fijar en Vitoria la sede institucional: guardar la ausencia a Pamplona, capital del Reino de Navarra y de la Euskal Herria nacionalista, a la que el Estatuto de Gernika deja abierta la puerta, y "fomentar en Álava el sentimiento de pertenencia a la comunidad autónoma vasca", algo sobre lo que en 1980 había sus más y sus menos. Hubo más, en cambio: el recelo hacia Bilbao, en el que el navarro Garaikoetxea coincidió con el alavés Guevara. El objetivo de fomentar el sentimiento de pertenencia parece cumplido, zanjado el brote de Unidad Alavesa, y con bien para Vitoria. "Ha adquirido un rango institucional y una notoriedad política y general y también una visión atractiva en muchos órdenes", dice 30 años después. "Las cosas están bien como están y no veo necesidad de nuevas iniciativas", cree. De la misma opinión es el actual Gobierno socialista. "Citar el término "capital" no añade nada, ni el no hacerlo lo quita", dijeron fuentes del Ejecutivo. La iniciativa va camino del Parlamento, aunque puede dormir allí el sueño de los justos, por incómoda en año preelectoral municipal, si ninguno de los partidos que la respaldó en el Ayuntamiento, PSE, PNV y PP, la tramita. La vía más rápida sería añadir a la escueta redacción actual de la ley de Sede una frase igual de lacónica que indique que, además, Vitoria tendrá la consideración de capital del País Vasco sin más precisiones sobre los efectos prácticos de ello.