'Falta voluntad política para modernizar la Justicia'

Gabriela Bravo es una fiscal en el gobierno de los jueces. Ha ejercido en Valencia la mayor parte de sus más de 20 años de carrera. Desde hace un año y medio es portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Da la cara y pone voz a las posiciones de una institución que define como "compleja". Llegó a esa posición desde la presidencia nacional de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Fue propuesta por el grupo socialista de las Cortes Generales. No renuncia a su ideología. Ni se propone que nadie lo haga. Lo que sí hace es insistir en la independencia de los jueces en su labor diaria. Labor que reconoce realizan en condiciones difíciles. En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, ella ha sido depositaria de la inquietud de los jueces ante la soledad en la que les deja la falta de apoyo de la Consejería, que tiene transferidas las competencias. Pide el mismo compromiso en el que ella vive: el de mejorar el servicio de la justicia para mejorar la sociedad. Rechaza el simplismo de los análisis que culpan a la falta de presupuestos y a la crisis económica de los males que padece la Justicia. Para ella, la reforma de la justicia, su modernización, no es sólo cuestión de dinero, es, sobre todo, de voluntad política.

"La velocidad del Consell es lenta. Las inversiones no han sido suficientes"

"La situación valenciana no es muy distinta de otras autonomías"

Pregunta. ¿Cómo explicaría a un ciudadano chileno que el juez que procesó a Pinochet esté a punto de ser juzgado por investigar fosas comunes del franquismo?

Respuesta. Le explicaría que en este país todos los ciudadanos, sin excepción, están sometidos a la ley. Le explicaría que al juez que facilitó que Pinochet pudiera ser acusado, ahora mismo, se le han abierto tres procedimientos por distintas actuaciones. Un juez que, como todos, está amparado por la presunción de inocencia y, serán los tribunales los que decidirán. Estoy segura de que será conforme a Derecho, al margen de que compartamos o no esas resoluciones, que además están sometidas a la sana critica

P. ¿No cree que al ciudadano le cuesta entender esa lógica?

R. Yo respeto todas las opiniones, ahora bien al ciudadano hay que recordarle que nuestro sistema judicial es garantista y nuestra justicia se administra por jueces responsables e independientes.

P. Los tribunales, en cualquier caso, tienen pareceres distintos. En el caso de las escuchas del caso Gürtel, hasta tres jueces han dicho que son legales. Otros dos, no. Sin embargo, dos resultan ser más que tres.

R. Es una cuestión jurisdiccional que no voy a valorar.

P. Dependiendo de quién esté, ¿las cosas pueden tener uno y otro resultado?

R. No comparto esa visión. En este país los jueces, desde su responsabilidad, su independencia, interpretan y aplican las leyes de acuerdo con los principios generales y en el marco que conforma nuestra Constitución. Ello no significa que en ocasiones no se puedan equivocar, por eso nuestro sistema prevé un mecanismo para revisar y revocar aquellas resoluciones contrarias a derecho, como son los Recursos.

P. ¿Cuál es su diagnóstico de la justicia valenciana?

R. En muchos aspectos no es muy distinto del podría hacer de otros territorios. El pasado verano trasladamos a la Consejería un informe sobre la situación de los partidos judiciales que visitamos. Pusimos de manifiesto la necesidad de medidas urgentes en algunas sedes judiciales que podrían alcanzar el calificativo de insalubres. Y, además, una demanda colectiva en la mayoría de los partidos judiciales por la falta de medios materiales básicos, la falta de funcionarios y la deficiente formación de los interinos. No tengo constancia de que la situación haya mejorado mucho ocho meses después. La justicia necesita una importante modernización, colocarse en el siglo XXI. Pero no es una cuestión sólo de dinero. Es, sobre todo, de voluntad política.

P. ¿Qué velocidad da el Gobierno valenciano a esa revolución?

R. Ahora parece que esa falta de avance está justificada por la crisis económica. La velocidad del gobierno autonómico es lenta. A pesar de las inversiones realizadas estas no han sido suficientes. Se avanza a la velocidad de una diligencia del siglo XIX en muchos partidos judiciales. Pero lo que pasa en la Comunidad Valenciana pasa en otras autonomías, incluido el territorio del Ministerio de Justicia.P. ¿Está de acuerdo con Carmen Llombart, recién nombrada presidenta de la Audiencia de Valencia cuando dice que los jueces se dejan la ideología en la puerta antes de entrar en el juzgado?

R. Creo que la ideología nos enriquece. Seríamos robots si no tuviéramos principios, valores, ideología. Eso conforma la personalidad, la manera de ver la realidad social. Pero se dictan las sentencias en base a criterios jurídicos, no por criterios ideológicos.

P. Si es así, ¿qué sentido tiene la Plataforma por la Despolitización de la Justicia que encabeza el decano de los jueces valencianos, Pedro Viguer?

R. El título de su manifiesto, que da nombre a la plataforma, lo de "despolitización de la justicia", merece una amplia reflexión. ¿Qué se entiende por justicia? ¿Qué se entiende por politización de la justicia? No están interpretando la palabra justicia como el valor constitucional sino que lo refieren al marco del órgano que gobierna al poder judicial, que es quien tiene la responsabilidad de administrar justicia. Creo que la justicia no está politizada en esos términos. Los jueces administran justicia sin sujeción a ningún otro criterio más que al principio de legalidad.

P. Cuestionan el sistema de elección de los vocales del CGPJ.

R. El legislador determinó que fuera el Parlamento. Se podría haber optado por otro modelo, pero este nos confiere la legitimidad democrática que ha de tener un órgano constitucional. Son los representantes del pueblo español en las Cortes Generales quienes eligen a los miembros del órgano de gobierno del Tercer Poder del Estado. Para nada conforma eso a unos vocales como correas de transmisión de partidos políticos. Actuamos con plena independencia desde nuestra responsabilidad institucional y sólo sujetos a la ley.

P. Lo parece a la vista de los resultados de las votaciones como la de la presidencia a la Audiencia o al Tribunal Superior de Justicia Valenciano.

R. La Presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia es una excelente profesional. Lo cual no significa que los demás candidatos carecieran del perfil adecuado: En este caso, todos tenían meritos y capacidad suficientes para asumir el cargo. Por ello, respetamos las críticas. La toma de decisiones en materia de nombramientos es complejo, pero le puedo asegurar que no son los intereses políticos quienes determinan la política de nombramientos.

P. ¿Es interés asociativo?

R. Yo no estoy diciendo eso. En absoluto. Creo que las asociaciones ejercen un papel fundamental. No son las asociaciones quienes marcan la política judicial del Consejo. Ahora bien, que el ciudadano vea o entienda que puedan jugar ahí un papel muy importante lo respeto. Pero yo digo que atendemos a méritos y capacidad, sin perjuicio de que muchas veces, por la propia dificultad en los casos de las mayorías cualificadas, se nombren candidatos que desde la opinión pública consideren que no son los más adecuados, y que respetamos, porque además somos conscientes de que podemos equivocarnos. Por ello, trabajamos por mejorar la política de nombramientos. Hemos modificado el reglamento, conscientes de las dificultades. Hemos incorporado las entrevistas públicas, porque apostamos por la transparencia, para que la sociedad también sea testigo, con luz y taquígrafos.

P. ¿El CGPJ es consciente de la mala imagen de la justicia?

R. Nos preocupa. Pero matizo. Esa mala imagen casa mal con el hecho de que el ciudadano prefiera que sea un juez quien tutele sus derechos y libertades. Lo prefiere a cualquier otra fórmula alternativa. Hemos asistido a lo largo de estos últimos 30 años a la judicialización de nuestra vida. Si realmente el ciudadano tuviera esa mala imagen que parece colectiva, estoy segura que no habríamos cerrado 2008 con casi nueve millones de asuntos. A la opinión pública le llega la realidad de aquellos asuntos más mediáticos. Pero al margen de esos asuntos, que pueden ser 18 ó 20, tenemos tres millones de resoluciones judiciales que se dictan por jueces que desempeñan un trabajo callado y meritorio, desde sus juzgados, que huyen del protagonismo mediático. Normalmente, quien tiene peor imagen de la justicia es aquel que nunca ha tenido experiencia en los tribunales.

P. ¿Cuál es la situación de los juzgados valencianos?

R. La situación es un reflejo de la situación económica en la que nos encontramos. La Comunidad Valenciana junto a la de Madrid y Canarias es la que mayor incremento de litigiosidad ha tenido en el 2008. Eso supone que los jueces valencianos están soportando una gran carga de trabajo y el esfuerzo que están realizando es encomiable. Hay juzgados que han visto incrementado su trabajo hasta en un 200%. En la Comunidad Valenciana, se encuentra uno de los puntos negros más saturados de todo el territorio nacional: Orihuela.

P. ¿Qué le dicen los jueces?

R. Que su problema no es sólo la carga de trabajo. Es de falta de medios materiales, deficiencias de una parte importante de las sedes judiciales, falta de formación de los funcionarios interinos, la falta de funcionarios. Asumir esa carga de trabajo con tan pocos medios, con tan poco apoyo, es un lastre. Y redunda en el ciudadano, no puedes ofrecer un servicio público de calidad.

P. Las carencias que ha señalado son responsabilidad del gobierno autonómico.

R. Sí, lo son. Me llama la atención que cuando se hacen las memorias anuales en la Comunidad Valenciana, el resumen lo centran en la necesidad el incremento de unidades judiciales. El problema, no sólo en la Comunidad Valenciana, en el conjunto del país, no se va a resolver únicamente a través de una ley de presupuestos. No es una cuestión de exigir más juzgados sino de una reforma profunda de nuestro modelo de justicia y la implicación de todos, no sólo del Gobierno central, sino fundamentalmente de las autonomías.

P. ¿Qué lo impide?

R. La falta de voluntad política. La justicia ha sido la hermana pobre del Estado, la gran olvidada en estos 30 años de democracia. Los esfuerzos por mejorarla aunque meritorios no han sido suficientes. Llama la atención que nadie se haya preocupado de modernizarla, como se ha hecho con otras áreas de la administración. La situación en la Comunidad Valenciana no es muy distinta a la de otras comunidades.

P. Entonces, sí es importante la ley de presupuestos.

R. Voy más allá. Tenemos un sistema obsoleto. Necesitamos incorporar criterios organizativos del siglo XXI, que se puedan acomodar a todas la tecnología de la que disponemos. Eso redundará en una mayor agilidad y eficacia. Creo que con la puesta en marcha de la oficina judicial se va a intentar caminar por esa vía. Ese va a ser el motor de arranque. Pero el problema es mucho mayor. Por ello es necesario un pacto de Estado para poder superar este lastre. Si invertimos en un modelo arcaico, lo único que conseguimos es abundar más en la ineficiencia funcional. Necesitamos reformas legislativas importantes. Necesitamos un nuevo modelo que nos equipare a Europa sobre todo en el proceso penal

P. Revolución tecnológica y revolución de ideas.

R. Necesitamos un cambio estructural, tecnológico y legislativo. Necesitamos fijar fórmulas alternativas a la resolución de los conflictos, potenciar la mediación, el arbitraje, fórmulas que otros países están aplicando desde hace muchos años y que no son incompatibles con la aplicación del principio de legalidad. Hay que superar este modelo.

P. ¿Pasa por corregir competencias?

R. Creo que no hace falta. Pero creo que en este proceso modernizador tendría que haber una especie de comisión, órgano, elemento cohesionador para dirigirla y que el tren en todas partes avance por el mismo camino. No es incompatible con la división competencial. Lo que es necesario es que todas las comunidades asuman que los ciudadanos se merecen la misma calidad. Que la tutela judicial efectiva es un derecho que la Constitucion reconoce a todos los ciudadano

P. ¿Lo ve factible?

R. Es cuestión de voluntad política.