También contra Kirchner

Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual tienen esperanzas puestas en la indemnización que podrían lograr si se llevan el gato al agua en su contencioso con el Gobierno argentino a cuenta de la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Los dueños de Marsans planean pedir la semana que viene en París, en la primera vista del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una compensación de alrededor de 1.800 millones de euros (unos 2.500 millones de dólares) por los perjuicios que le supuso la nacionalización en 2008 de la aerolínea austral, que acumulaba 900 millones de dólares de deuda y todo un rosario de huelgas y conflictos con la Administración. Una evaluación que en su día encargó Marsans a Credit Suisse, que cifraba el precio a pagar en 300 millones de dólares.

El CIADI inicia la semana que viene su arbitraje por el 'affaire' de Aerolíneas

Marsans reclama unos 1.800 millones por la expropiación

Siete años antes, en 2001, los empresarios españoles también se habían hecho con ella por el precio simbólico de un euro, pero, eso sí, con una abultada mochila de deuda. La Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) adjudicó el 92,1% de la compañía y su filial Austral a Air Comet, perteneciente a los dueños de Marsans, a cambio de que éstos se hiciesen con la mitad de la deuda de la aerolínea, que ascendía a 1.200 millones de dólares, mientras que el resto lo sufragaban las arcas públicas españolas.

Años después, en 2006, el Tribunal de Cuentas español dictaminó que el Gobierno de José María Aznar enterró unos 2.000 millones de euros de dinero público en Aerolíneas y acusó a los propietarios de Marsans de no haber dedicado los 955 millones de euros que le había concedido la SEPI al pago de deuda y renovación de flota, tal y como se había pactado. Los empresarios turísticos siempre han negado estas acusaciones.

Marsans reclama compensaciones a Argentina por la congelación de tarifas durante años, que dificultó el cumplimiento de los objetivos de su plan económico; por la nacionalización en sí de la compañía aérea y por el contrato de compra de unos aviones que el Ejecutivo de Kirchner no asumió.

Las mediaciones diplomáticas no surtieron efecto. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, llegaron a tratar del conflicto en varias ocasiones.

Si Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual convencen a los árbitros del CIADI, un tribunal de arbitraje del Banco Mundial, pueden obtener una indemnización millonaria que cambiará radicalmente su situación financiera, pero por el camino ya habrá caído Air Comet. En la empresa consideran que si hubiesen recibido una compensación por la nacionalización de Aerolíneas, hubiesen podido soportar sin problemas las pérdidas de la malograda Air Comet. Además, los empresarios esperan cerrar la venta del grupo Viajes Marsans para el próximo verano.

Cuando el conglomerado turístico se hizo con Aerolíneas tenía un plan para reflotar la compañía aérea que incluía una ampliación de capital de 50 millones de dólares y la incorporación a la flota, formada por una cincuentena de aviones, de 23 nuevas aeronaves en cuatro años, además de mantener todos los puestos de trabajo durante dos años.

La SEPI optó por la adjudicación de Aerolíneas después de haber perdido en ella 1.800 millones de dólares públicos. La compañía fue privatizada por el Gobierno de Carlos Menem en 1990 y adquirida por la española Iberia cuando aún era una empresa pública; pero en 1996 pasó a manos de la SEPI, que encargó la gestión a American Airlines. Pero los números rojos apenas dieron tregua. Desde 1990, la aerolínea sólo había obtenido beneficio una vez, en el ejercicio de 1996, con unas ganancias de 300 millones de pesetas de entonces (1,8 millones de euros).

En 1999, la SEPI puso en marcha un plan director que incluía el recorte de 1.200 puestos de trabajo a través de prejubilaciones y despidos pactados y el cambio de los gestores, pero esta hoja de ruta se topó con el rechazo radical del sindicato de mecánicos de la empresa APTA. El conflicto se enquistó, la SEPI dejó de aportar fondos y la compañía rozó el cese, hasta que se privatizó.