NAVALCARNERO (MADRID) | El estado de las cuentas públicas

Más población, peores cuentas

Los vecinos de Navalcarnero se han acostumbrado en pocos años a convivir en un paisaje salpicado de grúas. A ver crecer urbanizaciones enteras de la nada. "Es uno de los municipios madrileños que más ha crecido en los últimos años", reconoce la concejal de Hacienda, María Jesús Neira (PP). El pueblo tiene 24.000 habitantes. No es muy populoso pero están previstas viviendas para duplicar la población en poco tiempo.

Tras el pinchazo inmobiliario, Navalcarnero ha sufrido un frenazo que lo ha convertido en una de los municipios con la deuda per cápita más altas de España. Cada vecino debe 2.090 euros. Las cuentas están descuadradas y los ingresos se han desplomado. "Hemos tenido que renegociar los contratos de los servicios públicos, recortar las horas extraordinarias, ampliar el plazo de pago a proveedores. ¿Cuánto?... bueno, más de lo que quisiéramos", responde Neira. "Tenemos un problema de liquidez" admite.

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La deuda asciende a 50 millones con un presupuesto, prorrogado durante los dos últimos años, de 35 millones. Tal es el endeudamiento que el Ministerio de Economía les ha obligado a elaborar un plan de viabilidad, que tutela periódicamente.

Uno de los afectados de esta famélica situación de las cuentas públicas ha sido el padre Ángel. La organización que dirige, Mensajeros de la paz, gestionaba, mediante concesión municipal, una residencia de mayores en el pueblo. El Ayuntamiento aplazó durante 14 meses el pago de 1,3 millones de euros hasta que la situación salió en los medios. Para entonces la situación se había envenenado tanto que el alcalde del municipio, Baltasar Santos, decidió suspender la concesión.

Navalcarnero podría representar el papel de la vida alegre en la fábula de la cigarra y hormiga. Ha vivido con excesos la época de bonanza económica. En 2006, el Ayuntamiento intentó cambiar su plan urbanístico, aprobado sólo cuatro años antes, para construir 12.000 viviendas. Antes de contar con el visto bueno del Gobierno regional vendió los aprovechamientos urbanísticos de los terrenos que iba a recalificar. El consistorio ingresó más de 150 millones de grandes constructoras y se los gastó sin que ni siquiera se comenzara a construir. Ahora el término está repleto de parcelas a medio construir. Y con un problema: los ingresos de la actividad inmobiliaria se han desplomado más de un 20%, según el edil socialista, Juan Francisco García.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 21 de marzo de 2010.

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