El futuro de Álava, entre jueces

El futuro político y económico de Álava se decidirá entre togas. A tan inquietante situación se ve arrastrado este territorio, ahora demasiado convulsionado por la agria judicialización que se sigue; de un lado, la denuncia contra la actual representatividad de su principal entidad financiera, Caja Vital, y, desde ayer, por la fiscalización de cargos y afiliados del PNV, partido que sustenta la Diputación alavesa, primera institución pública.

La intervención judicial de ayer contra el núcleo más íntimo del presidente del PNV de Álava, Iñaki Gerenabarrena, provoca, por encima de la suerte procesal posterior, una innegable interpretación política. A un año vista de las elecciones forales y locales, los jeltzales se disponen a afrontar un calvario de imprevisibles consecuencias ahora mismo. De hecho, aunque el destino término del proceso suponga la absolución de todos los ayer detenidos, antes de conocerse el desenlace en los tribunales ya se habrán celebrado los comicios y el lógico desgaste para el PNV se antoja inevitable.

El PNV teme hasta dónde influirá su desgaste en las eleccciones de 2011

Un debilitamiento 'jeltzale' recortaría las opciones para un pacto con el PSE

Ahora, todos a la espera del fallo de la Audiencia sobre Caja Vital

No obstante, tampoco se descarta en medios políticos que el ABB acometa una reacción inmediata tendente a purificar sus estructuras, proyectando una encendida defensa de la tolerancia cero contra la corrupción, que deje en el camino a quienes "hayan podido confundir su cargo con su bolsillo". De entrada, Xabier Agirre, consciente de lo mucho que se juega, liderará esta cruzada desde hoy mismo.

Por contra, mientras muchos nacionalistas digieren a duras penas el susto, se considera "complicado" aventurar que el EBB aproveche a corto plazo el hostigamiento político que sufrirá el soberanista Gerenabarrena para exigirle que abra la puerta a nombres más "posibilistas". De momento, la web Arabatik, asociada al PNV alavés, era muy expresiva al referirse a las detenciones: "la cagásteis, chic@s".

La oposición al PNV ha respondido en su mayoría con evidente prudencia a pesar de la innegable conmoción política que se registró tras conocerse la identidad de los detenidos. Lógicamente, todos esperan al pronunciamiento del juez para mover sus piezas. Desde una perspectiva institucional, el lehendakari Patxi López abogó por preservar "la credibilidad" de la Diputación. El quid de la cuestión, desde luego, no será ese a partir del auto judicial. Quizá todo cambie al saberse las imputaciones ya que el posicionamiento de los partidos se produjo horas antes de que el juez decidiera poner en libertad con cargos a todos los detenidos.

De entrada, por ejemplo, en el PP no se oculta la "satisfacción" por haber rechazado hace dos semanas la segunda oferta del PSE-EE, que contaba con el respaldo del PNV y de la patronal alavesa SEA, para acabar con la causa abierta en Caja Vital y repartirse los órganos representativos en esta institución y en la Cámara de Comercio. Los populares saben que un descenso jeltzale en las próximas elecciones de 2011 reduciría sensiblemente la capacidad de maniobra de los socialistas en el supuesto de que su líder, Txarli Prieto, intentara un pacto de largo recorrido con el PNV, donde entrarían en juego Diputación, Ayuntamiento de Vitoria y Vital.

Los socialistas defienden "en estas situaciones la presunción de inocencia y las garantías democráticas de todos los ciudadanos", hasta que la Justicia resuelva, dijeron ayer. "En la medida en que la resolución pueda afectar a la política, se producirán las reacciones desde el ámbito de la política y los socialistas actuaremos con todo el respeto a la defensa de la legalidad y de la ética política".

Desde los populares, su líder, Antonio Basagoiti, urgió a esclarecer "un asunto de esta importancia" porque "no solo afecta a unas personas, sino que este señor es diputado foral, el segundo del PNV de Álava y además está en la Caja Vital, dentro del pacto ese del PNV y el PSE que han puesto a lo mejor de cada casa". Aunque reconoce que "todavía es pronto" para valorar en profundidad el suceso, ha pedido que "si hubiese responsabilidades, que se depuren".

Una mayor acidez pusieron EA y UPyD. A pesar de formar parte del gobierno foral alavés, Eusko Alkartasuna pidió que se investigue "hasta el final" la implicación de Alfredo de Miguel y el resto de los detenidos en los hechos que se les imputan, especialmente teniendo en cuenta la "extrema gravedad" de las acusaciones. Por parte de UPyD, su coordinador territorial, Luis Sánchez, declaró que "el PNV debe aclarar qué está ocurriendo en su partido, qué responsabilidad tienen sus dirigentes y depurar las responsabilidades en que hayan incurrido".

Para mantener la llama viva en este escenario de judicialización, en las próximas semanas se espera el fallo de la Audiencia Provincial de Álava sobre el recurso de apelación de la presidencia de Caja Vital, tras recibir una sentencia adversa en primera instancia. Si la Audiencia ratifica los fundamentos de la primera resolución, no se descarta que el PP reclame su aplicación inmediata, infringiendo, de paso, un duro golpe a socialistas y nacionalistas, favorecidos por el actual reparto de cargos en la caja alavesa.