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La ley de muerte digna logra el respaldo unánime del Parlamento

El PP forzó que se votaran por separado tres artículos para oponerse a ellos

"Todos los seres humanos aspiran a vivir dignamente. El ordenamiento jurídico trata de concretar y simultáneamente proteger esta aspiración. Pero la muerte también forma parte de la vida (...). Una vida digna requiere una muerte digna". Esta reflexión, incluida en el preámbulo de la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, resume el espíritu de una norma que ayer recibió el respaldo unánime de los tres grupos (PSOE, PP e IU) del Parlamento andaluz. Andalucía se convierte así en la primera comunidad autónoma que ordena los derechos de los pacientes terminales y las obligaciones de los profesionales que les atienden.

La ley llegó al Parlamento para su debate final con sólo una incógnita abierta: si la apoyaría el PP, que había eludido en los últimos días desvelar el sentido de su voto. Los populares no querían quedarse fuera de la norma, pero tampoco molestar a los sectores más conservadores de la sociedad civil y de la Iglesia, que han reclamado que la ley contemple la objeción de conciencia. Al final, el PP se decantó por una fórmula mixta: forzar que se disgregaran del texto los artículos 18 (que recoge el deber de los médicos a abstenerse de imponer sus creencias sobre las del paciente), 21 (sobre la obligación de los profesionales de limitar el esfuerzo terapéutico) y 27 (que regula los comités de éticas de los centros sanitarios). En este último caso el PP quería más concreción sobre el papel de los comités, mientras que en los artículos 18 y 21 los populares pretendían que los profesionales sanitarios pudieran objetar a la norma, a lo que PSOE e IU siempre se han opuesto.

Es la primera norma de España que da derecho a la sedación terminal

La parlamentaria socialista Rosa Ríos volvió a explicarle ayer a los diputados del PP lo que el Gobierno andaluz lleva meses explicando: que la regulación de conciencia es "una competencia estatal" y que, en cualquier caso, esta ley regula "buenas prácticas clínicas" y "derechos indisputables del paciente" ante los que PSOE e IU entienden que "no cabe la objeción". Los populares optaron finalmente por votar en contra de estos tres artículos y a favor de los 30 restantes.

A IU, que respaldó el texto íntegro, le hubiera gustado que el texto andaluz abordara la eutanasia y el suicidio asistido, pero los socialistas dejaron claro desde el principio que ambos supuestos son incompatibles con las leyes estatales vigentes. "Ni se quiere ni se puede regular sobre esos asuntos", admitió ayer la socialista Rosa Ríos. El parlamentario de IU, José Manuel Mariscal, tras felicitarse por la aprobación de la norma, pidió al Gobierno central que "sea valiente" y "legisle" en estas dos materias.

La ley andaluza es la primera del país que ordena los derechos de los pacientes terminales y da cobertura jurídica a los profesionales que los atienden. Pero a estos también les deja claras sus obligaciones, como la de retirar o no instaurar medidas de soporte vital que "sólo contribuyan a prolongar en el tiempo una situación clínica carente de expectativas razonables de mejoría". La nueva ley eleva a la categoría de derecho las sedaciones paliativas.

La consejera de Salud, María Jesús Montero, defendió el texto como "necesario". La mayoría de los derechos que recoge estaban ya reconocidos en la Ley estatal de Autonomía del Paciente, de 2002, pero hasta ayer no había un texto legal que aclarara conceptos y procedimientos que, a menudo, se confunden. Si no, el doctor Luis Montes no habría tenido que sentarse ante un juez por el llamado caso Leganés. Ni Inmaculada Echevarría habría necesitado exponer su agonía en público para ser desconectada del respirador que le ataba a la vida en un hospital de Granada. A ella dedicó ayer Montero el texto porque fue su caso el que impulsó a la Administración andaluza a redactar esta ley.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de marzo de 2010