Competencia expedienta a 3 organizaciones agrarias por pactar precios

La decisión de pactar un precio mínimo para la venta de frutas y hortalizas que permitiera a los productores asumir los costes de producción puede costarle cara a las organizaciones agrarias almerienses. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha apreciado en esta iniciativa y en la constitución en diciembre de una mesa de trabajo para regular la variación de precios una posible conducta anticompetitiva, por lo que ha abierto un expediente sancionador a Asaja, Coag y a la Asociación de Comercializadores Alhondiguistas de Frutas y Hortalizas.

Francisco Vargas y Andrés Góngora, responsables provinciales de Asaja y Coag, organizaciones que impulsaron el acuerdo para que no se vendieran productos hortofrutícolas por debajo de los 0,30 céntimos el kilo, tildaron ayer de legítima esta actuación, con la que pretendían frenar la caída de los precios y contribuir a que los agricultores cubrieran sus gastos de producción.

Góngora calificó el expediente de "persecución" al campo almeriense por parte de la CNC, a la que animó a investigar a las grandes cadenas de distribución que, a su juicio, son las responsables de la situación de asfixia que padecen los agricultores. "Estamos haciendo uso de nuestras funciones en defensa del sector, con el que pretendemos mejorar la situación derivada de la crisis de precios", zanjó Góngora antes de avanzar que las organizaciones agrarias emprenderán medidas legales antes de ser sancionadas.

Precios mínimos

La CNC, que cuenta con un plazo de 18 meses para resolver el expediente contra las tres asociaciones, comenzó a analizar esta actuación a partir de las informaciones publicadas entre el 5 y el 14 de diciembre. Esos días, los agricultores almerienses protagonizaron un paro comercial total tras el que llegaron a un acuerdo de precios mínimos con un centenar de empresas. La iniciativa, que tuvo una buena acogida por parte del sector, se acompañó de la constitución de una mesa de trabajo que supervisaba el cumplimiento de lo pactado, además de realizar un seguimiento de los precios de venta en origen, que fueron respetados por las comercializadoras y que se consideraron "dignos" para los productores. Unos 18.000 agricultores de Almería venden sus productos a precios por debajo de los costes de producción.