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Editorial:

Código en rojo

La nueva reforma penal se acerca al límite de lo permisible de acuerdo con la Constitución

El Código Penal actual data de 1995 y en los 15 años transcurridos ha sufrido profundas reformas, como la del Gobierno Aznar en 2003, que modificó 166 artículos, y varias más sobre aspectos muy concretos, como el tráfico. Ninguna ley es permanente e inalterable -una ensoñación propia de las dictaduras-, pero algunas como el Código Penal deben tener vocación de perdurabilidad, pues regulan pautas de convivencia que no pueden ser cambiadas cada dos por tres.

La nueva reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso es también ambiciosa: afecta a un centenar largo de artículos. Ceñida inicialmente a los delitos sexuales, se ha ido ampliando a otros: desde el terrorismo hasta las nuevas formas de delincuencia informática, pasando por la corrupción funcionarial y política, y la trata de seres humanos relacionada con la inmigración y la prostitución. También incide en el sistema de penas: crea una nueva, como la libertad vigilada por un periodo de hasta 20 años para condenados por delitos muy graves una vez que salgan de la cárcel, y establece la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con resultado de muerte.

El Gobierno justifica la reforma en compromisos internacionales -directivas europeas- y en la dinámica social generada tras la reforma del Gobierno de Aznar. Pero tiene más de lo segundo que de lo primero. Sobre esta reforma planea la presión de emociones populares suscitadas por determinados crímenes y la reacción populista de no pocos responsables públicos. El origen de esta reforma está en el mandato recibido por el Gobierno del Congreso en junio de 2008 tras la conmoción causada por el asesinato de la pequeña Mari Luz. Otros hechos luctuosos, como el asesinato en Sevilla, todavía sin esclarecer, de la adolescente Marta del Castillo, han acrecentado la presión sobre el legislador.

Reformar lo que es necesario, posible o conveniente en un clima emocional cargado de tensión no es fácil si en el Parlamento hay partidos, como el PP, que asumen propuestas venidas de la calle, como la instauración de la cadena perpetua que, incluso revisable, prohíbe la Constitución. Actuando como correa de transmisión de sentimientos exacerbados por el dolor, el PP azuza estados emocionales que cree que pueden reportarle votos. Y lo hace a sabiendas de que el actual Código Penal, tras desaparecer la redención de penas por el trabajo, garantiza un cumplimiento íntegro de penas de hasta 40 años para determinados delitos. No sólo eso: ha endurecido la generalidad de las penas, incluido nuevos delitos, suprimido las redenciones de condena y limitado el acceso a los beneficios penitenciarios, al tercer grado y a la libertad condicional. El resultado es que España tiene el dudoso honor de ser el país europeo con mayor numero de reclusos: 76.000. La situación en las cárceles y su enorme coste presupuestario sí que merecerían un debate social y parlamentario.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de marzo de 2010