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Rivas se sube al carro de la concertada

El Ayuntamiento ripense, gobernado por IU, financia la obra de un colegio con capacidad para 1.900 alumnos que ahora quiere ceder a la gestión privada

El cartel muestra cuatro niños con los brazos en alto y un eslogan vistoso sobre sus cabezas: "Defiende la escuela pública, democrática, participativa y laica". El dibujo, de aire setentero, cuelga de una de las ventanas del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, que acaba de construir su primer colegio concertado. El Ayuntamiento, gobernado por Izquierda Unida, justifica que es un camino intermedio ante la falta de fondos de la Comunidad de Madrid para más centros públicos. Pero su decisión, la primera similar en un Consistorio de IU, levanta críticas de todos los sectores con los que comparte la defensa de la escuela pública.

La ciudad escolar, en la zona de Cristo de Rivas, aún no tiene nombre. Está en mitad de una zona en expansión, rodeada de viviendas sociales en construcción. Sobre una parcela de 200.000 metros cuadrados, se levantan tres edificios independientes con capacidad para 1.900 alumnos. El azul para infantil, el rojo para Primaria, Secundaria en el edificio verde. Incluye aulas amplias con posibilidad de desdobles, laboratorios, cafeterías e instalaciones deportivas abiertas al futuro vecindario, recibidores inmensos y un acceso independiente para que no se atasque la calle.

"Sigue criterios de centro público, sin piscina ni rarezas", dice el responsable

"¿Ves? Lo hemos construido con los criterios de los centros públicos, sin piscinas ni excentricidades". Al concejal de Educación, Pedro del Cura, le toca el papel de defender el primer colegio concertado en su territorio. Su modelo varía de la fórmula oficial. El suelo es del Ayuntamiento, como en todos, pero también el edificio, construido y financiado por la empresa municipal de vivienda, que ha invertido 23 millones de euros. "Si el edificio es nuestro, podremos tutelar más el proyecto", asegura Del Cura.

Mientras recorre pasillos y aulas de amplios ventanales aún sin muebles, repite varias veces el mismo argumento: "La consejería no nos ha dado opciones. No quieren invertir en centros públicos". Sindicatos y asociaciones de padres de alumnos también acusan a la Comunidad de Madrid de cerrar el grifo, pero al mismo tiempo reprochan la decisión del Ayuntamiento como un ataque a la escuela pública. "Tendrían que haber peleado más antes de aprobar esta vía", reflexiona Alfonso Martín, de la FAPA (Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos) de Rivas. Y añade: "El problema es que según quién lo gestione, puede ser una bomba". Una "bomba" que segregue, con proyectos ultrarreligiosos o cuotas desorbitadas.

El colegio, que se pone en marcha el curso que viene, busca un gestor. El Ayuntamiento quiere supervisar el proceso al máximo con un pliego de condiciones, que ahora negocia con el Gobierno regional, y que estipula el tiempo de cesión o el canon que la empresa pagará al Ayuntamiento, que "revertirá en el resto de centros públicos", según el edil.

Han reservado el 15% de plazas para alumnos con necesidades especiales hasta Secundaria y un 10% en Bachillerato. "Queremos que los niños de la Cañada vengan a este centro, igual que se escolarizan en la red pública", asegura Del Cura. Lo supervisarán desde el Consejo Municipal de Educación, aunque la última palabra la tiene la inspección educativa, que depende de la Consejería de Educación. Tampoco tienen margen para evitar las llamadas "cuotas voluntarias", el cobro de mensualidades con fórmulas al filo de la ley, como clases de refuerzo. "No podemos regularlo, pero si alguien se queda fuera porque no puede pagar, lo denunciaremos", añade el edil.

También Parla, gobernada por el PSOE, sacó a concurso a principios de año un centro concertado. Y, como entonces, llueven las críticas. "La gestión privada de centros públicos no es lo que queremos", asegura José Luis Pazos, de la FAPA Giner de los Ríos. "Rivas ha hecho un esfuerzo imaginativo para no plegarse al chantaje y mantener el control, pero no es la fórmula que nos gusta", añade Paco García, de CC OO. "No es el camino correcto, tendrían que haber resistido", zanja Virginia Fernández, portavoz de UGT.

Encierro en un centro público sin terminar

Una veintena de padres de alumnos del colegio público José Iturzaeta, en Rivas-Vaciamadrid, tomaron las aulas el pasado viernes por la tarde. Protestan porque su centro está sin terminar y se encerraron dentro para exigir a la Consejería de Educación que acelere las obras.

"Queremos un colegio completo y que nuestros hijos se relacionen con alumnos de todas las edades", protesta Vivian Batata, de la FAPA (Federación de Asociación de Padres de Alumnos) del centro. Su protesta cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Rivas, que pone este colegio como ejemplo de por qué han tenido que tirar por el camino de en medio y construir un concertado.

La primera fase del colegio de Infantil y Primaria José Iturzaeta se inauguró en 2008 con nueve aulas de Infantil y capacidad para 225 alumnos de tres a seis años. La consejería dejó pendiente una segunda fase para incluir 18 aulas de Primaria, un comedor y un gimnasio.

El viceconsejero de Educación, Jesús Valverde, se comprometió públicamente a acabar las obras en 2009. El comedor está hecho y parte del bloque de Primaria, según Batata, pero la segunda fase aún no está completa.

Educación justifica que la escolarización no corre peligro y que quedan vacantes suficientes en el resto de colegios público de la zona para la demanda extra que pueda surgir el curso que viene. Las aulas del centro "se irán ampliando en función de las necesidades", según un portavoz.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de marzo de 2010

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