Delegar el voto por permiso de maternidad

El melón de una reforma del Reglamento de la Asamblea de Madrid se ha vuelto a abrir en la Cámara regional con la sugerencia planteada por los socialistas de alargar los periodos de sesiones a enero y julio, como quiere hacerse en el Senado y el Congreso. Los socialistas presentarán esta semana una proposición de ley para modificar la normativa del Parlamento regional e introducir otros cambios y mejorar la función parlamentaria.

Sus propuestas dependen del apoyo del PP, que tiene la mayoría en la Asamblea (64 de los 120 diputados). Pero tanto PP como IU ya han mostrado su disposición a hablar de la reforma del Reglamento para ampliar los meses de trabajo de los parlamentarios. Tanto el portavoz del PP, David Pérez, como el de IU, Gregorio Gordo, consideran que es la única fórmula posible para introducir ese cambio. En ese contexto, el grupo parlamentario socialista, que encabeza Maru Menéndez, quiere introducir estas otras propuestas:

Una sugerencia es que la Mesa pueda habilitar el voto "telemático"

El escaño podría perderse por "vulneración del mandato electoral"

- Confiar el voto por baja de larga duración. Las bajas por maternidad y paternidad cuando una diputada está embarazada o se produce el nacimiento o adopción de un hijo no eximen en la actualidad a los parlamentarios de tener que acudir a la Cámara a votar a los plenos, porque su voto es indelegable. Tampoco una enfermedad o incapacidad de larga duración.

En esta legislatura, el reparto de escaños no ha llevado a una situación en que la falta de un voto fuera crítica. Pero podría ocurrir en el futuro. Por eso, el grupo socialista quiere incluir una modificación del artículo 119.3 del Reglamento que incluya ambas posibilidades, que permitirán llevar la conciliación profesional y personal a la Asamblea. Como fórmula alternativa, los socialistas sugieren que la Mesa de la Asamblea tenga la facultad de habilitar a los diputados afectados el voto "por procedimientos telemáticos".

- Fórmula antitránsfugas. Evitar casos como el de los diputados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáenz que traicionaron las listas por las que habían sido elegidos, en la legislatura anterior, o, en ésta, el de los tres diputados populares imputados en el caso Gürtel -el ex consejero Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín-, que ahora son parlamentarios no adscritos, se evitarían con la fórmula que proponen los socialistas. Se trata de modificar el artículo 14.1 del Reglamento e introducir otras causas por las que los diputados pueden perder su escaño. Una de ellas, como explica el portavoz adjunto de los socialistas, José Manuel Franco, sería por "manifiesta vulneración del sentido del mandato recibido del cuerpo electoral". Es decir, por contradecir el compromiso con los votantes del programa electoral de cada lista, lo que, por ejemplo, se transgrede cuando un parlamentario se cambia de filas.

- Declaración de actividades. En un modelo similar al que tiene el Congreso, los socialistas quieren introducir con una ampliación del artículo 28 la obligación de que los diputados hagan ante notario una declaración de sus bienes cuando llegan al cargo. En ella, proponen incluir "la relación de bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana", "el valor de los saldos medios de los depósitos bancarios, acciones, fondos de inversión, pólizas de seguro u otros de naturaleza análoga" y "los vehículos y cualquier otra clase de bienes propiedad del declarante". Además, los parlamentarios deberán entregar su declaración del IRPF y declaraciones de actividades de sus cónyuges o parejas.

- Más control al Gobierno. Los socialistas ponen sobre la mesa de nuevo la vieja propuesta de que los grupos de la oposición tengan más facilidad para ejercer el control al Gobierno. Entre las propuestas, quieren que la presidenta comparezca en el pleno (ahora no lo hace por una interpretación restrictiva del Reglamento), que se agilicen las peticiones de información al Gobierno regional y que los diputados puedan quejarse si los datos facilitados no son los solicitados y que sea más fácil abrir comisiones de investigación sin que pueda bloquearlas el grupo mayoritario.