Endesa, Iberdrola y Fenosa se valen de la legislación de Franco para secar los ríos

Endesa secó el Eume durante medio siglo ante la pasividad de las Administraciones. Iberdrola hizo otro tanto con el Sil el verano pasado, aunque la empresa sostiene que dejó un caudal mínimo. Gas Natural-Unión Fenosa vació también el Avia. Los 30 grandes embalses de Galicia que gestionan un recurso natural en dominio público pueden secar impunemente los cauces, ya que el Ministerio de Medio Ambiente entiende que, al haber obtenido sus concesiones durante el Franquismo, se rigen por normas anteriores a la reforma de la Ley del Agua de 1985.

"La gestión hidráulica en Galicia es caótica", sostiene el presidente de la asociación ecologista Ríos con Vida, y catedrático de Derecho Ambiental, Pedro Brufao. No sólo por la interpretación de la Ley que hace la Administración, sino porque Xunta de Galicia y Confederación Hidrográfica del Miño-Sil asumen las competencias de control de las concesiones sin saber lo que tienen entre manos: carecen de un listado en el que conste la fecha de las licencias otorgadas a las empresas y las características y condiciones de sus concesiones, según han confirmado a este diario. La información está desperdigada por distintos departamentos.

La Administración "responde por sistema que no hay nada que hacer"

Con el "silencio" del Gobierno, el embalse de Albarellos dobló su capacidad

Brufao lo sabe bien. Intentó hacer un trabajo de investigación sobre estas concesiones y tuvo que abandonarlo: no había documentación disponible.

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil tiene un listado con el casi un centenar de aprovechamientos hidroeléctricos de esta cuenca. Pero sólo consta la ubicación y el nombre de la empresa concesionaria. Iberdrola, con 20 concesiones en esta cuenca; Endesa, con otras 20 (cinco en la provincia de León) y Fenosa, con nueve, se reparten la explotación de los principales pantanos, la mayoría concedidos en el Franquismo.

Mientras las Administraciones se escudan en una legislación obsoleta para dejar hacer a las hidroeléctricas, los grupos ecologistas no cesan de presentar denuncias por la vulneración de las leyes por parte de algunas de estas empresas. "Nos responden sistemáticamente que no hay nada que hacer" ante estos incumplimientos, denuncian los ecologistas, convencidos, sin embargo, de que hay base legal suficiente para sancionar a las empresas e incluso para retirarles las concesiones. Brufao sostiene que el vaciado del Sil por Iberdrola era suficiente para haber derribado la presa.

En embalses como el de Albarellos (Ribadavia), los muros alcanzan los 90 metros de altura sobre un lecho natural del río que apenas tiene cuatro metros de ancho. El agua no tiene más salida que no sea la de las turbinas, "con lo que desecan el trecho que discurre desde la presa hasta la central: 5.000 metros de río", ya que el tubo mide 3.400 metros y "no va paralelo al cauce del río" sostienen los representantes de la asociación ecologista orensana Coto do Frade. Como consecuencia, se produce la muerte de las especies porque, dado lo accidentado del terreno y la altura del muro, "resulta imposible la creación de una escala".

La asociación ecologista sostiene que "mientras el río se seca, el embalse de Albarellos rebosa", duplicando el volumen almacenado hace 10 años, y todo ello con el "silencio" del organismo de cuenca, y de las consellerías de Medio Ambiente y Medio Rural.

Sobre el "incumplimiento" de las concesiones hidroeléctricas ha dado la voz de alarma el Consello de Contas de Galicia. Su informe de 2005 es demoledor. Destaca que Aguas de Galicia no tiene un registro completo y actualizado de las concesiones otorgadas, en contra de lo que exige la Ley de Aguas. Además, cuestiona la necesidad de otorgar el "elevado" número de concesiones para minicentrales "teniendo en cuenta las afecciones medioambientales que producen" y alerta de que Aguas de Galicia otorgó concesiones "primando las solicitudes con mayor potencial energético aunque generasen mayores agresiones ambientales". Contas constata además la agresión medioambiental por la "sobreexplotación de determinados ríos".

En la denuncia que Coto do Frade remitió a Europa el mes pasado sobre el "daño medioambiental" generado por el embalse de Albarellos, los ecologistas destacan la incompatibilidad de la infraestructura con el mantenimiento del ecosistema fluvial del Avia. Advierten de que no se respeta el caudal ecológico, carece de escala de peces y "técnicamente resulta imposible su construcción".

Esta "caótica" gestión de los aprovechamientos hidrológicos a la que aluden los ecologistas la confirma el Defensor del Pueblo, quien la semana pasada denunció en su informe general sobre la gestión del agua la "falta de determinación del caudal ecológico" al otorgar las concesiones. En el documento queda claro que en cada plan hidrológico de España "los caudales se regulan de forma diferente".