Disputas por un jornal en la fresa

Si la recolección de la fresa en la provincia de Huelva no tuviera suficientes dificultades esta campaña (pérdida del 20% de la plantación, campos inundados, protestas de empresarios, desacuerdo entre Junta y patronal en cuantías económicas y contratos en origen), ahora se suma uno nuevo: la posible discriminación a la hora de contratar temporeras. A apenas unas semanas del comienzo de la recogida, las asociaciones de inmigrantes se han personado en la Delegación de Empleo para "exigir" que los empresarios seleccionen también a las "extranjeras con papeles", que son "repetidoras" y "siempre" cumplieron "de forma rigurosa" con su trabajo.

"Llevo ocho años en la fresa. Tengo más experiencia que un montón de españolas, nuevas, a las que contratan antes que a nosotras". La ecuatoriana Maribel Valencia preside la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Huelva (Amia): "Sólo hay que ir a los campos y echar un vistazo. Los dueños emplean a la gente de su pueblo". Su organización cuenta con 200 socias y 700 usuarias.

La Junta sostiene que los empresarios son los que eligen a las temporeras

La Junta asegura que no pueden "obligar" a los propietarios de las fincas a contratar a unos o a otros. Contando con las pérdidas y el baile de cifras que todavía puede producirse, la patronal estima que este año la campaña necesitará unos 50.000 jornaleros. En 2005 fueron casi 80.000. La Junta comenzó una campaña hace ya seis meses para "priorizar la mano de obra local" pero se insistió, por activa y por pasiva, que con "locales" se refieren a españoles y también a extranjeros con papeles. "Recibimos quejas por todas partes", confiesan desde la Administración: "Algunos españoles denuncian que el campo está repleto de extranjeros con la situación trágica de desempleo que tenemos". La cifra de paro en Andalucía es de un 26%. Lo que sí ha aumentado "considerablemente", reconoce la Junta, es el número de mujeres españolas en situación difícil -con su marido e hijos en paro- que se "incorporan al campo".

Desde Amia no quieren culpar a nadie. Sólo piden más control: "¿Qué supervisión se hace del GEA

[la herramienta que pone en contacto a empresarios y temporeros]? ¿Qué porcentaje de inmigrantes incluye?". La asociación agrupa a mujeres de Latinoamérica -sobre todo Ecuador, Colombia y Bolivia-, África -principalmente, Costa de Marfil y Malí-, y Europa del Este -Rumanía y Polonia-. Estos dos últimos países, miembros de la UE, no padecen trabas burocráticas, pero también reprochan el posible sesgo discriminatorio. "Últimamente no nos seleccionan", asegura Mirela R. C., rumana de 36 años. Valencia sostiene que, en la recolección, "nunca" han fallado y no entiende "el rechazo reciente por parte de los empresarios".

Alberto Garrocho, presidente de Freshuelva, asociación que representa al 80% de la patronal onubense, discrepa: "No es cierto que haya discriminación. Más bien es al revés (...) La mayoría de las personas que están trabajando estos días son repetidoras, sobre todo rumanas y marroquíes". Garrocho sostiene que los propietarios han tenido que "absorber" a unas 1.800 personas inscritas en el Régimen Especial Agrario. "Pero entre ellas, también hay extranjeras", matiza. Por otro lado, el contingente de 3.000 marroquíes con contrato en origen, aprobado por el Gobierno central, ya ha comenzado a llegar a Huelva.