Libertad para los siete acusados de formar un tribunal islámico
La mujer que denunció el caso sigue sin comparecer ante el juez para testificar
El Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona decretó ayer la libertad sin fianza para siete acusados de condenar a muerte a una mujer en una suerte de tribunal islámico en Valls (Alt Camp). El juez ha tomado la decisión después de que la presunta víctima no haya comparecido por tercera vez a declarar. Los acusados permanecían en prisión preventiva desde el pasado 14 de noviembre, mientras otros tres imputados fueron puestos en libertad en diciembre por motivos de salud -uno de ellos padece un cáncer terminal- y de arraigo en el territorio.
Los 10 acusados son de origen marroquí, igual que la presunta víctima, que actualmente reside en el país magrebí. La mujer es la "única prueba de cargo" según el auto judicial, pero "no es hallada ni ha mostrado interés alguno en acudir al llamamiento judicial", lamenta el juez, que considera la situación como "enojosa". Los 10 acusados, ya en la calle y con la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado, podrían enfrentarse a 23 años de condena por los delitos de detención ilegal, tentativa de homicidio y asociación ilícita.
La supuesta víctima denunció en marzo de 2009 haber sido condenada a muerte por 20 hombres que la retuvieron durante dos días en una masía de Valls. El juzgado ordenó en noviembre la detención de los 10 imputados, descritos físicamente por la denunciante. Desde entonces se la espera para que declare y realice una rueda de reconocimiento "por tercera vez frustrada", apunta el auto judicial.
"El caso es surrealista y demuestra que la única prueba contra los detenidos carece de credibilidad", se queja Josep Singla, abogado de uno de los acusados y molesto por los interrogantes que arrastra la causa.
El secreto de sumario que el juez ha prorrogado por tiempo indefinido impide conocer más detalles de las investigaciones, aún en curso, que justificaron las detenciones. Entre ellas destacan los ocho meses de pesquisas de los Mossos d'Esquadra, que avalaron el testimonio de la denunciante y consideraron "probable" el establecimiento de "un tribunal de honor islámico" en Valls. Los Mossos vigilaron a los sospechosos, intervinieron sus teléfonos y emplearon cámaras instaladas en helicópteros para seguirles. La fiscalía, libre del secreto sumarial, dice que hay "indicios consistentes de que los imputados cometieron graves delitos". Pero el juez, que considera a la denunciante la "única prueba acusatoria", deja entrever que los agentes no hallaron pruebas consistentes.
El juzgado volverá a citar a la denunciante en una fecha aún por determinar.
