Llamazares acusa al PP de intentar dinamitar el proceso de Gürtel

Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida y presidente de la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados, vino a Valencia a hablar de sanidad, pero opinó de la situación política valenciana y también del caso Gürtel. "El PP está usando todos sus recursos para dinamitar el proceso judicial instruido por el juez Baltasar Garzón y, por ende, el caso Gürtel", dijo ayer Llamazares al referirse a la investigación abierta por el magistrado de la Audiencia Nacional sobre una supuesta financiación ilegal del PP.

Llamazares, invitado por L'Associació Ciutadana per a la promoció y Defensa de la Salut del País Valencià y la Fundación Ernest Lluch, defendió ante un nutrido auditorio la reforma de la ley 15/97, aprobada por el Gobierno de José María Aznar, y que introdujo los modelos de gestión privados en la sanidad pública española. "Fue la puerta entreabierta que ha permitido la privatización de los servicios", sentenció. En este sentido, el diputado se mostró preocupado por la postura del PP de "sustituir el sistema de gestión pública por otro privado, como lo está haciendo en las comunidades de Madrid y Valencia".

El parlamentario critica el modelo sanitario del PP en Valencia y Madrid

El diputado de IU animó a la sociedad civil a apoyar esta modificación legal, porque hasta ahora esta posición ha permitido resistir las constantes incursiones de la empresa privada en el modelo sanitario. En este sentido, Llamazares subrayó los constantes intentos del PP de boicotear este cambio legal, alargando el proceso de enmiendas. La negociación entre los dos grandes partidos políticos -PSOE y PP- en torno a un posible pacto sanitario, también está, en opinión del diputado, retrasando cualquier avance. "Los populares han declarado la modificación de la ley 15/97 casus belli ante el ministerio durante el proceso de negociación", continuó el político, que desechó la implantación de un sistema de copago "porque sería mercantilizar el sistema y la situación sería todavía peor".

El presidente de la Comisión de Sanidad en el Congreso reivindicó la potestad que tiene el Estado para actuar de garante del sistema público, aunque se repita sin cesar que las competencias de sanidad son exclusivas de las comunidades autónomas. "Si la presión continúa, la modificación legal llegará más pronto que tarde", dijo confiado el diputado de IU.

Menos optimista que Gaspar Llamazares se mostró Marciano Sánchez Bayle, representante de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, quien insistió en que la ley 15/97 abrió la veda para privatizar la gestión. "Y prueba de ello", dijo, "es que tras su aprobación salieron adelante más de una decena de nuevas leyes de ordenación sanitaria en otras tantas comunidades autónomas, que recogían esta privatización". Sólo Extremadura y Castilla-La Mancha se reafirmaron en su modelo de sanidad pública, destacó el portavoz de la federación.

Sánchez Bayle puso en duda que el Gobierno español tenga capacidad para hacer rectificar las políticas sanitarias privatizadoras que han puesto en marcha muchas comunidades autónomas. "Acabaría como un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional", aventuró. Este experto abogó por frenar la mercantilización del que calificó de derecho ciudadano.