"En Irak debemos separar la política de la religión"

"Parece claro que las listas de Al Maliki y Allawi van en cabeza, pero aún puede cambiar", responde prudente Wijdan Mijail Salim, ministra iraquí de Derechos Humanos y candidata en las elecciones del pasado domingo en la lista del primero. Sin embargo, no tiene empacho en respaldar una coalición entre ambos que ella misma califica de "difícil". "Sería bueno para Irak porque el Estado de la Ley

[del primer ministro, Nuri al Maliki] quiere cambiar hacia una política separada de la religión y eso es justo lo que propone Iraqiya . Además, permitiría que más iraquíes se sintieran identificados [con el nuevo Gobierno]", argumenta esta ingeniera en vísperas del anuncio de los resultados provisionales.

"Nuestra sociedad no va a aceptar a los homosexuales como colectivo"

Salim, defensora militante de la separación entre Estado y religión, es un ejemplo de la fluidez de la política en Irak. En 2005 se presentó en la lista no confesional de Allawi. En mayo de 2006 aceptó formar parte en el Gobierno (confesional) de Al Maliki, en cuya coalición ha concurrido a las últimas elecciones. "El primer ministro está tratando de desligar política y religión, y estoy con él en ese intento", justifica esta mujer, una de las cuatro que se sienta en el Consejo de Ministros y la única cristiana en toda la mesa.

Su cartera, considerada menor, tenía una enorme tarea por delante y aún hoy reconoce que queda mucho por hacer. "En 2009 hemos observado un aumento de la violación de los derechos humanos", admite con franqueza cuando se le menciona el último, y preocupante, informe de Amnistía Internacional. "De las denuncias de tortura que recibimos pasamos 530 al fiscal, quien elevó casi la mitad de ellas a los tribunales". La ministra señala no obstante que, además de los problemas de saturación de las cárceles, "a principios del año pasado hubo una intensificación de los ataques contra las fuerzas de seguridad y eso en cualquier país se traduce en una actitud más dura de la policía".

"En estos cuatro años hemos establecido las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos, este ministerio, nuestros equipos de investigadores, oficinas en todas las provincias y departamentos en otros ministerios", señala, sabedora de que es sólo el principio. El año pasado Irak firmó la Convención contra la Tortura y firmó acuerdos con la Cruz Roja y la ONU para que visiten sus cárceles. Este año acaban de dar acceso a las ONG. "Es algo nuevo para Irak, pero estamos abiertos para que vengan, vean y nos ayuden a mejorar", resume.

Sin embargo, hay un tema en el que parece difícil que Irak vaya a escuchar a sus aliados occidentales. El año pasado el país vivió una campaña de intimidación, agresiones e incluso asesinatos de homosexuales. Cuando se le pregunta a la ministra qué tiene que cambiar para que los iraquíes acepten a ese colectivo, su rostro se ensombrece. "Nuestra sociedad no va a aceptar algo así. Ahora bien, la ley no acepta el asesinato. Así que si alguien comete un crimen, vamos a perseguirlo como tal", responde.

Su defensa del trabajo realizado no le impide ser crítica con los muchos retos que aún tiene pendientes. Mientras la violencia política se ha reducido en la mayoría del país, está aumentando en las dos provincias cuyo control se disputan árabes y kurdos, Nínive y Kirkuk, y está afectando sobre todo a las minorías. En las semanas previas a las elecciones al menos ocho cristianos fueron asesinados en Mosul, la capital de Nínive.

Tampoco tiene reparos en mostrarse crítica con la reciente actuación de la Comisión de Justicia y Responsabilidad que en vísperas electorales vetó la participación de cerca de 500 candidatos a los que acusa de haber colaborado con el Partido Baaz de Sadam Husein, ya la que el primer ministro dio su visto bueno. "Algunos afectados llevaban tiempo en política ¿por qué se les veta justo ahora?", se pregunta.