Destituido un alto funcionario del Estado por llevar un caso contra la Guardia Civil

Andrés Alonso Sánchez fue destituido como secretario del Jurado Provincial de Expropiación el pasado 26 de febrero tras comprobar la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, a cuya plantilla pertenece, que simultáneamente estaba ejerciendo su profesión de abogado en un importante bufete de Vigo y, concretamente, como letrado del pleitista urbanístico Eduardo Canabal, cuyos contenciosos mantienen desde hace años en el alero la suerte de 1.500 a 2.000 viviendas en diversas urbanizaciones de Vigo. En uno de esos pleitos, Alonso Sánchez ha actuado contra la Dirección General de la Guardia Civil-Ministerio del Interior en un flagrante incompatibilidad con su condición de alto funcionario de la Subdelegación del Gobierno.

El abogado cesa como secretario del Jurado de Expropiación

Los contenciosos de Canabal amenazan a más de 1.500 viviendas en Vigo

El cargo de secretario del Jurado de Expropiación está asociado en Pontevedra al de jefe del servicio de Asuntos Generales de la Subdelegación del Gobierno, plaza de la que Alonso Sánchez es titular desde octubre de 2004. Previamente, entre 1987 y 2004, estuvo en excedencia para ejercer la abogacía en Vigo desde el bufete AFC Gabinete Jurídico y Económico, que actualmente agrupa a una docena de profesionales. Su vuelta al servicio activo en la Subdelegación del Gobierno también le permitió desempeñar, en comisión de servicios y durante un año aproximadamente, el cargo de secretario general de ese departamento gubernativo provincial.

Pese a ello, Alonso Sánchez no abandonó su anterior actividad privada. Tampoco solicitó la compatibilidad, aunque seguramente ésta le hubiera sido denegada, aun para ejercer como asesor del bufete, por cuanto AFC asume pleitos y gestiones con incidencia en la Administración, incluida la tramitación de expropiaciones, de las que Alonso Sánchez, en tanto que secretario del Jurado Provincial, ha disfrutado de información privilegiada susceptible de ser utilizada por su bufete.

El Jurado Provincial de Expropiación, cuya composición está regulada por la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, está presidido por un magistrado -en este caso, el presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra-, un notario, el Abogado del Estado y varios técnicos (arquitectos o ingenieros) en función del objeto sometido a expropiación. El Abogado del Estado -representación que ahora ejercen tres letrados- tiene sus oficinas en la propia Subdelegación del Gobierno y, curiosamente, actuó frente a Eduardo Canabal y Andrés Alonso en defensa de la Dirección General de la Guardia Civil-Ministerio del Interior que comparecía en el pleito como codemandada, sin reparar, según parece, en la incompatibilidad de Alonso Sánchez.

AFC -acrónimo que se corresponde con las iniciales de los apellidos de tres de sus letrados: el citado Alonso, su sobrino Fernando Franco Alonso y Fernando Crespán Conde- es uno de los más potentes de Vigo, con despachos abiertos en las calles Primera Travesía de Santiago de Vigo, 1 y Urzáiz, 8. El primero, según la placa que figura en la calle, además de los tres letrados citados, incluye a Patricia Freire Cabrera, Juan Escudero Conde, María Teresa Fernández del Río, Cristina Sieira Temes y María Socorro Villalba López junto con la economista María del Carmen Alonso Sánchez. En la relación de letrados del despacho de Urzáiz no figura Andrés Alonso y añade otros dos miembros, Jorge y Guadalupe Vidal Fernández.

El caso que motivó el cese fulminante, el pasado 26 de febrero, de Alonso Sánchez como secretario del Jurado de Expropiación se inició en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo en 2005, esto es, con Alonso Sánchez incorporado a su puesto en la Subdelegación del Gobierno. Eduardo Canabal demandó en esa fecha al Ayuntamiento de Vigo y en la misma causa figuran como codemandadas la junta de compensación Villa Laura y la Dirección General de la Guardia Civil por estar integrado en tal junta de compensación el cuartel de Vigo. El demandante, como en tantas otras ocasiones, pedía la anulación de las actuaciones urbanísticas. EL PAÍS ha tratado de conocer la versión de Alonso Sánchez sobre el caso. En una sucinta conversación con su sobrino, Fernando Franco, éste afirmó que el bufete ha representado a Canabal "sólo en algunos casos puntuales".