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El tribunal que no sabía contar

Un familiar del presidente de la APM aprueba el acceso a juez tras ser ampliado el proceso de selección

La maestra pregunta en clase: "Vamos a ver Miguelito, ¿cuánto son ocho por nueve?". A lo que éste replica: "Los que conocemos nuestras limitaciones sabemos ocho por cinco". Esta tira de Mafalda, del humorista Quino, refleja lo que pudo ocurrir en un tribunal de selección para jueces por el turno de reconocida competencia y en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que confundieron 15 con 17. Porque, como alguno de ellos dice, "somos de letras", lo que parece justificar tan fatídico error de número. Pero que 15 no es igual a 17, como dice el monologuista Goyo Jiménez, "lo saben hasta los de la Logse".

Ya saben que debido al aumento de la litigiosidad, o sea, a que todo el mundo lleva sus problemas a los tribunales, hay escasez de jueces, por lo que las oposiciones a la carrera judicial no son la única vía para acceder a la judicatura. También se puede llegar a ser magistrado tras superar un proceso de selección para juristas de reconocida competencia con 10 años de ejercicio profesional. Las plazas fueron convocadas en julio de 2008 y eran 15 para la jurisdicción civil y, por separado y en idéntico número, para los órdenes penal, social y contencioso administrativo. En cada una de las cuatro convocatorias se especificaba expresamente que el tribunal, tras finalizar el proceso de selección, elevaría al Consejo del Poder Judicial la relación de aprobados con la puntuación correspondiente, "sin que en ningún caso pueda formular una propuesta que contenga un número de aprobados mayor que el de plazas convocadas". Es decir, que podía no llegar a cubrirse el cupo, pero nunca excederlo.

Por ello, los tribunales correspondientes aprobaron 12 candidatos de lo penal, ocho de lo social y 10 de lo contencioso administrativo. ¿Y qué pasó en lo civil? Pues que, aunque el requisito parece claro, tanto el tribunal como la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (integrada por el presidente Carlos Dívar, y los vocales Margarita Robles, Manuel Almenar, Antonio Dorado y Almudena Lastra) aprobaron a 17 candidatos.

Y usted, querido lector, pensará que el asunto no es para tanto, que la generosidad del tribunal y del Consejo tiene que ser un valor y que estamos necesitados de más buenos jueces para desatascar el monumental atasco de la justicia. Y seguramente tiene razón. ¿Sabe lo que ocurre? Que, aunque muy probablemente todo el proceso sea inocente, el candidato que ha obtenido la última plaza, con la peor calificación de todo el proceso de selección, es Miguel Ángel Chamorro, hermano de Jesús María Chamorro, que preside la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y, además, es presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación judicial conservadora y mayoritaria en la carrera judicial y que tan buena representación tiene en el Consejo. Ya ha superado el periodo de formación y se encuentra a la espera de destino. ¿Es sólo una casualidad? Pues es posible, aunque varios jueces a los que he preguntado por el asunto no lo creen así y casi todos me recuerdan que Robles, por Jueces para la Democracia, y Almenar, por la Asociación Profesional de la Magistratura, negocian en el Consejo el reparto de cargos judiciales y que precisamente el mercadeo afecta ahora a varias presidencias de tribunales superiores de justicia y que el portavoz de JpD Miguel Ángel Gimeno opta a una de ellas, con muchas posibilidades de resultar elegido.

Un ilustre magistrado, que me pide que no le mencione por si luego no le nombran nunca para nada, irónicamente manifiesta que hemos mejorado mucho. Es verdad que ahora han ampliado las plazas, pero es que antes le hubieran dado el puesto directamente al enchufado, dejando fuera al candidato que tenía los méritos y el derecho.

Un pesimista como Woody Allen afirma que la vida se divide en dos: "Lo horrible y lo desdichado". Y usted se preguntará: ¿Esto de la convocatoria elástica es una horrible prevaricación administrativa o un desdichado error? Yo, que defiendo la presunción de inocencia, prefiero creer que Dívar, Robles, Almenar y los demás simplemente se perdieron la clase de Barrio Sésamo en la que se enseñó a contar. Usted puede pensar lo que quiera, faltaría más.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0008, 08 de marzo de 2010.

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