Justicia investiga irregularidades en otra fundación de Unió Democràtica

A Unió Democràtica de Catalunya (UDC) se le acumulan los problemas con las autoridades. Tras recibir una ejemplarizante multa de 271.000 euros por aceptar donaciones ilegales, otra fundación vinculada al partido de Josep Antoni Duran Lleida está en el punto de mira de la Generalitat. Se trata de la Fundación Catalana para las Relaciones Internacionales (Intercat), que, capitaneada por dirigentes de Unió, ha rechazado entregar sus cuentas durante tres años consecutivos al Protectorado de Fundaciones y, durante este tiempo, ha financiado a otra fundación afín al partido, Catalunya i Territori, investigada a su vez por una supuesta financiación irregular de Unió.

El Protectorado de Fundaciones, el organismo vinculado al Departamento de Justicia que fiscaliza y protege a este tipo de entidades, ha abierto una inspección a la Fundación Intercat porque no informa de sus actividades desde el año 2005. Esta fundación, de tamaño modesto, ha tenido escasa actividad, pero entre sus movimientos hay una actuación que ahora ha tomado relevancia: en 2008 financió con 23.000 euros a la Fundación Catalunya i Territori. La receptora es una entidad cuya disolución ya ha ordenado el Protectorado de Fundaciones por incumplir sus objetivos fundacionales y que la fiscalía investiga por presunta financiación irregular de Unió.

Catalunya i Territori, supuestamente, sufragó parte de los gastos de organización de varios congresos del partido y le vendió cinco locales a mitad del precio del mercado pese a que sus objetivos fundacionales no eran otros que la recuperación y divulgación de las tradiciones sociales y culturales, y la promoción de las capacidades productivas de colectivos y territorios, según consta en sus propia página web.

Pese a estos objetivos, la Fundación Catalunya i Territori recibió un donativo de 23.000 euros en 2008 de la Fundación Intercat, creada en principio para realizar estudios sobre la realidad internacional y la promoción de las relaciones entre países. La donación de 23.000 euros se efectuó en un momento en que Intercat ya llevaba dos años sin informar de sus actividades a las autoridades.

Miembros del patronato

Las relaciones entre la fundación que ahora investiga Justicia y Unió Democràtica son múltiples y evidentes. El domicilio social de la entidad es Travessera de Gràcia, 17-21, de Barcelona, coincidente con el de la que fue sede central de Unió hasta hace poco más de tres años. La composición de su patronato también deja claras sus vinculaciones con el partido democristiano. Preside Intercat Salvador Sedó, que fue número dos de las listas de CiU en las elecciones al Parlamento Europeo del año pasado. El secretario es Antoni Isac Aguilar, miembro del comité de gobierno y secretario de finanzas del partido. Los tres vocales de la fundación son el portavoz del partido en el Senado, Jordi Casas; el portavoz parlamentario adjunto de CiU en el Parlament y secretario general de Unió, Josep Maria Pelegrí, y el ex diputado en el Parlament Alfred Albiol.Fuentes próximas a la dirección de Unió consultadas por EL PAÍS relativizaron los hechos que investiga Justicia. Sobre los tres años de reclamaciones de la contabilidad de la fundación, aseguraron que se trata de un "simple problema administrativo" por dificultades con la firma electrónica de la entidad. "Esta misma semana se resolverá todo", añadieron las mismas fuentes, que insistieron en que la fundación y el partido no tienen "ninguna vinculación orgánica" por más que todos sus responsables sean dirigentes o ex dirigentes del partido. Sobre el trasvase de 23.000 euros de la Fundación Catalana para las Relaciones Internacionales a la Fundación Catalunya i Territori, aseguraron que la donación acabó por cancelarse. "El proyecto que iba a financiar no se hizo y se devolvió el dinero", aclararon. Esta última operación, sin embargo, no se refleja en la documentación entregada al Protectorado de Fundaciones por Catalunya i Territori.

La financiación de Unió, que lleva años investigada por varios jueces a raíz de los casos Pallerols y Treball, ha vuelto a la actualidad en los últimos meses. Las actividades de algunas de sus fundaciones han disparado las sospechas de la oposición y de la opinión pública. La mayor y más vinculada al partido, el Instituto de Estudios Humanísticos Miquel Coll i Alentorn, ha sido mirada con todo tipo de recelos por haber disparado su volumen de ingresos opacos en 2007, coincidiendo con la prohibición de las donaciones anónimas a los partidos políticos. Concretamente, la fundación recibió en aquel ejercicio 1,2 millones de euros de particulares y empresas, cuando sólo un año antes, momento en que las donaciones anónimas a partidos todavía eran legales, sólo había logrado recaudar 30.000 euros.

El partido siempre ha insistido en la legalidad de estas actuaciones y se ha jactado de que su extraordinario nivel de ingresos procedentes del sector privado es fruto de una buena conexión con el mundo empresarial que la hace menos dependiente de las subvenciones.

La semana pasada, el Tribunal de Cuentas emitió un dictamen por el que multaba con 271.000 euros a Unió por haber recibido una donación anónima ilegal en 2005. La ley sólo les autorizaba a ingresar de forma anónima 60.000, pero Unió recibió 196.000. El partido democristiano asegura que aportará al Tribunal de Cuentas documentación que acredita que no cometió ninguna infracción. Los tres socios del tripartito han reclamado a Unió que aclare estos hechos.