El Gobierno tacha de inconstitucional el empadronamiento masivo de presos

El ayuntamiento lucense de Monterroso (4.252 habitantes) tiene una prisión de 600 reclusos y, desde hace año y medio, por la vía de oficio, ha inscrito en el padrón municipal a 300 de ellos. Pero ahora, cuando estaba a punto de registrar una nueva partida de 40 penados, el Instituto Nacional de Estadística (INE) le ha prohibido seguir adelante, basándose en un informe de la Abogacía del Estado que tacha de inconstitucional esta práctica.

Antonio Gato, alcalde socialista del municipio, recibió el aviso del Consejo de Empadronamiento (organismo dependiente del INE) aquellos días de enero en los que el regidor de Vic saltó a los titulares por negarse a inscribir inmigrantes. En medio de la polémica de la localidad catalana, decidió callar y preparar las alegaciones en silencio. Pero ahora anuncia que defenderá con uñas y dientes el procedimiento que ideó para engrosar su padrón, y que llegará, si hace falta, al Tribunal Constitucional.

Las cárceles no pagan impuestos y reciben gratis los servicios municipales

La notificación llegó los días de la polémica de Vic, y el alcalde calló

"Lo que estábamos haciendo es absolutamente legal", defiende el alcalde, amparándose en la ley según la cual una persona que reside más de la mitad del año en una localidad debe empadronarse en ella. "La dirección de la cárcel", continúa explicando Gato, "nos informa de todos los presos juzgados, nunca de los preventivos, que llevan ya seis meses en la prisión, y a continuación, el Ayuntamiento les envía cartas individualizadas anunciándoles que va a iniciar el proceso de empadronamiento de oficio, y que tienen 15 días para presentar alegaciones". El proceso, según el regidor, es "totalmente garantista porque da audiencia a los reclusos" y "no viola ninguno de sus derechos". El alcalde visita mucho la prisión, y además de recogerle la basura y depurar sus residuos (pronto, también, se responsabilizará del abastecimiento de agua), el consistorio colabora en numerosas actividades de los internos. "Algunos presos me escriben preguntándome si podrán encontrar trabajo y quedarse a vivir aquí cuando cumplan la pena", comenta Gato.

Después del período de audiencia, los presos reciben otra carta, certificada, en la que se les informa de los próximos trámites. El Ayuntamiento hace entonces la propuesta al Consejo Provincial de Empadronamiento, y éste decide sobre las alegaciones. "En general, sólo las presentan los canarios, por esos derechos que tienen por ser insulares, y el consejo admite algunas, pero rechaza la mayoría", sigue explicando el socialista.

Antonio Gato afirma que "todos los municipios con prisión de España han echado mano" de su protocolo de empadronamiento para presos, sin embargo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, después de consultar al Consejo de Empadronamiento, confirma que la inscripción de presos no puede ser de oficio, sino "voluntaria". "La iniciativa debe partir del propio interno y, por supuesto, la Administración Penitenciaria no puede facilitar a los ayuntamientos datos privados de los reclusos". Aunque pasen más de seis meses en un municipio, el INE entiende que la cárcel no se puede considerar una "residencia elegida", sino forzosa, y además hay presos "que tienen mucha movilidad" y cambian cada poco tiempo de penal. Los internos, además, tienen derecho a votar por correo, y el consejo opina que con los empadronamientos de oficio se está vulnerando su derecho a participar en las elecciones municipales, y autonómicas, que realmente les pueden interesar.

Claro que la mayoría de los alcaldes de pueblos con penitenciaría aseguran que no son los intereses electorales los que les mueven. Es verdad que, ganando habitantes, pueden lograr aumentar el número de concejales de la corporación, pero lo que más les interesa es recibir más fondos públicos. "El Plan E, por ejemplo, otorga la financiación calculando 175 euros por vecino", explica Jorge Canda (PP), alcalde del municipio pontevedrés de A Lama (3.001 habitantes), con una cárcel de 1.900 reclusos. "Es lógico que queramos empadronar a los presos", defiende, "si aquí, casi el 50% son extranjeros, y no tienen residencia ni nada". El alcalde de A Lama también pretendió inscribirlos de oficio, pero cometió el error de consultarlo "con Madrid". Allí le dieron la negativa por respuesta y, de forma voluntaria, "porque les interesa solicitar una pensión y cosas así", sólo se han dado de alta en el padrón 27 internos.

Mientras tanto, el municipio da numerosos servicios a la cárcel (mantenimiento de la carretera, recogida de basura, múltiples bodas entre presos) sin "ninguna contraprestación". "A Lama sólo sale en el periódico por su cárcel", protesta el regidor, "y a nosotros nos cuesta dinero: no nos interesa tenerla aquí".

Cada varios meses, sin periodicidad fija, los alcaldes de los cinco municipios gallegos con cárcel se reúnen en Santiago para tratar sus problemas. El portavoz de la asociación, integrada dentro de la Federación Galega de Municipios e Provincias, es Javier Caínzos, el gobernante popular de Curtis (A Coruña), donde se ubica la prisión de Teixeiro; con 1.600 internos, la segunda más grande de Galicia. El centro penitenciario es "como un pueblo grande", y el Ayuntamiento le presta todo tipo de servicios sin recibir nada a cambio.

Cuando se construyó Teixeiro (1997-1998), los centros penitenciarios todavía pagaban las licencias municipales de obra, pero ahora, ni siquiera eso. "Las cárceles están exentas del pago de todos los impuestos y no es justo. Nos sentimos desamparados", critica Caínzos. "En la próxima reunión de alcaldes, vamos a tratar el tema. Llevamos año y medio esperando una respuesta de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, pero nada". Los regidores gallegos quieren que Mercedes Gallizo les ofrezca "un programa de desarrollo" o algún tipo de "compensación" económica, en la línea de las que esperan recibir las localidades candidatas a cementerio nuclear.

El alcalde de Curtis (4.246 habitantes) afirma que de los cinco ayuntamientos gallegos con cárcel, "dos están empadronando de oficio". Uno era hasta ahora Monterroso, el otro no lo revela. Este diario se lo preguntó a todos los regidores salvo al de Pereiro de Aguiar, que rechazó hacer declaraciones. Y todos dijeron que ellos no son. Curtis, según su alcalde, sólo inscribe cuando el preso lo pide, pero Caínzos defiende la otra vía. "Hoy por hoy, es nuestra única forma de compensar los gastos que nos dan esas instalaciones, y con la legislación en la mano, estamos cargados de razón: se puede empadronar de oficio".