Las Juntas vizcaínas aprueban "resarcir" por el canon de la A-8 cobrado entre 2003 y 2007

La polémica por el cobro de los peajes en el tramo vizcaíno de la A-8 entre 2003 y 2007 unió ayer a todos los grupos de la oposición y dejo solo al PNV, que gobierna la Diputación de Vizcaya. Las Juntas Generales aprobaron en el pleno celebrado ayer en Gernika una propuesta para "resarcir" a los ciudadanos del pago en ese periodo -cifrado en total en unos 170 millones de euros- en cumplimiento de un fallo judicial del Supremo, que anuló la norma que sustentaba el canon.

La decidión no tendrá, al menos por ahora, consecuencias prácticas por el rechazo de los peneuvistas y el Gobierno foral, que aseguran que la sentencia no obliga a dicho pago y que se solventa con el cambio previsto del decreto a una norma foral.

El rechazo del PNV hace prever que por ahora no habrá devoluciones

Este conflicto se remonta a 2002, cuando el PP presentó la primera demanda contra el canon, a la que siguieron otras dos en respuesta a las normas sucesivas que fue aprobando la Diputación en 2007 y 2008. El Tribunal Superior, en 2006, y el Supremo, el pasado año en un fallo ya firme, decretaron la anulación del cobreo, porque ese dinero se destinaba a financiar también otras infraestructuras.

En el debate de ayer se reprodujeron las posiciones de los grupos de los últimos años sobre este asunto. Jesús Isasi, del PP, calificó el cobro de "ilegal, injusto y discriminatorio" y aseguró que se debe devolver el dinero cobrado. "Ya está bien de atrincherarse para quedarse con el dinero de los ciudadanos", aseguró.

El PNV defendió la postura de su grupo y de la Diputación, porque la sentencia "no dice en ningún momento que haya que devolver cantidad alguna", afirmó su juntera Nerea Ahedo. Añadió que, si se aceptase esta reclamación, "la Diputación cometería una ilegalidad, porque distribuiría dinero público sin soporte legal". Sin embargo, los peneuvistas se abstuvieron al final en la propuesta, porque incluía otros dos puntos que instaban a hacer cumplir la sentencia del Supremo y elaborar nuevas normas que garanticen la seguridad jurídica en los peajes en la autopista.

El socialista Joaquín Colmenero recalcó el "desconcierto" creado entre los usuarios de la A-8 por las sentencias contrarias a la Diputación y apostó por "pasar página" y que la nueva norma que se prepare acabe con cualquier inseguridad. Sin embargo, precisó que la sentencia "tampoco dice que no deba devolverse nada", por lo que cree que este asunto acabará en los tribunales con las reclamaciones de los ciudadanos.

José Ferrera, de EB, recordó que este asunto ya se ha tratado en el Parlamento y criticó que la Diputación haya negado que se utilizase la recaudación del peaje para financiar otras carreteras. Iosu Murgia, de Aralar, defendió la devolución de las cuantías pagadas por los usuarios y tachó de "no justo ni solidario" el peaje en la A-8. Joseba Gezuraga, de EA, criticó la "inseguridad jurídica", que ha motivado un hartazgo entre los usuarios de la autopista. Begoña Agirre, de la ilegalizada ANV, animó a pedir la devolución del dinero, al igual Jonathan Martínez, juntero de Alternatiba.