El Gobierno lee la cartilla a la patronal por sus propuestas

En público y en privado, el Gobierno quiso dejar ayer claro a la patronal que las propuestas que ha lanzado esta semana no tienen cabida en el diálogo social. Ante los focos, en el Congreso, lo hizo el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. "Lo que no esté en el documento [en referencia al texto de reforma planteado por el Gobierno], no será objeto de discusión en esta fase del diálogo social", zanjó categórico.

"No vamos a tener un documento abierto", continuó el ministro, para quien esto generaría confusión entre los interlocutores. Además, Corbacho recordó que tanto sindicatos como empresarios dieron por buena la propuesta del Ejecutivo cuando la recibieron de manos del presidente del Gobierno.

En la mesa de negociación el encargado de dirigir el diálogo social, Alfonso Morón, fue quien leyó la cartilla a la patronal. Según un asistente a la reunión de ayer, Morón, en una "declaración solemne", como el mismo alto cargo la definió, comparó los ocho temas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa con las ocho calles de una pista de atletismo. Luego añadió que quien corriera por otra calle estaría fuera de la carrera. Todo un aviso a la patronal que esta semana ha hablado de nuevos modelos de contratos, algo que se sale del guión escrito por el Gobierno y aceptado por las partes antes de arrancar la negociación.

Después la reunión transcurrió con la agenda prevista: absentismo laboral, incapacidad temporal y mutuas. El próximo punto a tratar será la igualdad, el próximo miércoles.

Reforma del Estatuto

Pero por mucho que insista el Gobierno en negarla, las demandas de una profunda reforma laboral no cesan. Ayer la pidieron las cajas de ahorros. "Hay que dejarse de parches y poner patas arriba el Estatuto de los Trabajadores", afirmó el director de coyuntura de Funcas, Ángel Laborda.

El economista apoyó la propuesta de los 100 Economistas de instaurar un contrato único con un coste de despido creciente según la antigüedad. También pidió cambios en la negociación colectiva, abrir el campo de actuación de las empresas de trabajo temporal, evitar la prórroga automática de los convenios o abolir la autorización administrativa de los ERE. Además, planteó que las subidas salariales, si no pueden referenciarse a la productividad, se vinculen a la inflación de la zona euro, tradicionalmente más baja que la española.