Las nuevas subvenciones abren una brecha entre asociaciones y Gobierno

Las asociaciones del tercer sector (el voluntariado y la intervención social en apoyo de los ciudadanos) viven un momento de nerviosismo. Una vez presentados la semana pasada los proyectos que optan a subvenciones para el fomento de actividades de este sector en el ámbito de la intervención social, el cambio de criterios del Gobierno ha sembrado la incertidumbre sobre el futuro de sus organizaciones. El Ejecutivo está realizando una fuerte apuesta por tender a subvencionar proyectos de ámbito autonómico, dejando las iniciativas provinciales y locales en manos de las diputaciones y los ayuntamientos. Y, a medio plazo, quienes se encuentren en este punto de inflexión tendrán que adaptarse o ir pensando en buscar financiación en otro lado.

Asuntos Sociales considera que resulta vital reordenar el sector

Varias asociaciones temen desaparecer debido a la nueva ordenación

La aplicación de la Ley de Servicios Sociales, aprobada a finales de 2008, complica aún más la situación. El decreto y la orden aprobados en enero pasado cambian los criterios para conceder las ayudas, rompiendo así la inercia que ha ido funcionando en los últimos tiempos. "Hemos presentado las ayudas a ciegas", asegura el presidente de una de las federaciones de asociaciones del sector, quien prefiere que se guarde su anonimato. Tanto él como otros de los directivos consultados, explica que no saben si las iniciativas que presentan quedarán finalmente incluidas en la cartera de recursos de servicios sociales debido a que ésta se halla aún en fase de elaboración.

De ser así, ya no podrían optar a la subvención, toda vez que la ley de Servicios Sociales fija que estos servicios se cubrirán mediante concertación. Varias coordinadoras de peso piden un periodo de transición para adaptarse a la nueva situación.

En el ámbito de la inmigración, varias asociaciones han trasladado a EL PAÍS su temor a que la reordenación haga desaparecer a algunas de ellas que cumplen una importante labor al permitir a los extranjeros participar en la vida pública. Otras más perderían su viabilidad si dejan de recibir ayudas públicas.

El sindicato ELA, a través de la plataforma Eskuz Esku, que integra a una veintena de asociaciones de inmigrantes, no duda en acusar al Ejecutivo de querer "acabar con el asociacionismo entre inmigrantes".

Asuntos Sociales reconoce la existencia de discrepancias, pero mantiene que es vital reordenar el sector. "No puede ser que estemos dando cientos de subvenciones, algunas muy pequeñas, que no tenemos la capacidad de evaluar", explica el viceconsejero, Fernando Fantova. Cumplir el criterio de la supraterritorialidad -plantear proyectos de ámbito autonómico- otorga un total de cinco puntos sobre 100 a la hora de evaluar la calidad del proyecto presentado.

Fantova recalca que la idea inicial del departamento era conceder 20 puntos sobre 100 a este criterio, pero al ver la polvareda levantada optó por reducirlo para este año. Y ejemplifica: "No hay proyectos que actúen en Guipúzcoa con financiación de la Diputación de Vizcaya. Las instituciones forales, como los ayuntamientos, financian sus proyectos. Nosotros no decimos que vayamos a hacer lo mismo, sino que vamos a orientar todo en este sentido".

La fragilidad del tejido asociativo inmigrante hace que muchas organizaciones sean incapaces de cumplir con la idea de supraterritorialidad. "Nosotros damos clases de inglés e informática en Bilbao; no tiene sentido que nos unamos a una entidad de San Sebastián para esto", dice Alberto Galindo, presidente de la Asociación de Colombianos y Colombianas en el Pais Vasco, integrada en la coordinadora Harreziak Apurtuz, que suma a las ONG de apoyo a inmigrantes en Euskadi.

"¿Por qué no plantearse el dar formación en varios municipios?", responde Fantova. El viceconsejero añade que una de las tres líneas subvencionales previstas es la del fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa en la intervención social. "Tienen que tejer más lazos, dotarse de una mayor capacidad de gestión para tener más socios o patrocinios", afirma. El Ejecutivo quiere acabar con asociaciones de dudosa representatividad y crear una serie de interlocutores que tengan capacidad de reacción y movilización, aunque ello sea a costa de que algunas asociaciones se queden a merced del viento al perder la ayuda del Ejecutivo. "Las subvenciones son un empujón, no la razón de ser de un proyecto", añade Fantova.

Sobre la confusión de presentar proyectos sin saber si ese ámbito estará incluido en la cartera de servicios sociales e irá por concertación, el Gobierno recalca que sólo está cumpliendo la ley. ¿Por qué no haber postergado la reordenación hasta que la cartera estuviese definida? "Ese problema lo habrían tenido también sin el nuevo decreto", responde el viceconsejero.