El intento de la oposición de endurecer el Código Penal retrasa la reforma

La reforma del Código Penal está atascada en el Congreso. Tres meses después de que el proyecto de ley elaborado por el Gobierno llegara a las Cortes, los grupos parlamentarios han mantenido conversaciones discretas, pero con escasos avances. De hecho, hay portavoces que quieren volver a ampliar el martes el plazo de enmiendas parciales, pese a que los grupos habían acordado no pasar del límite del 2 de marzo.

Básicamente, no hay acuerdo en la medida de libertad vigilada que se pretende establecer para condenados por delitos graves que hayan cumplido su pena, por la petición del Partido Popular para debatir la cadena perpetua revisable y por la pretensión de CiU de endurecer las penas para autores de faltas que sean reincidentes.

PNV y ERC rechazan la libertad vigilada para condenados por delitos graves

El Gobierno, en multitud de reuniones discretas, ha intentado el acuerdo con PP y CiU primero y luego ha querido ampliarlo a PNV y ERC. Mientras, otros partidos como IU rechazan todo el proyecto del Ejecutivo y defienden la presentación de una enmienda de totalidad.

El texto enviado por el Ministerio de Justicia, que dirige Francisco Caamaño, modifica casi 150 artículos, endurece las penas para delitos muy graves, tipifica nuevos delitos, aclara la prescripción y considera imprescriptibles los delitos de terrorismo. Fuentes del PSOE aseguran que en la negociación con los grupos mantienen el principio de endurecer las penas para delitos graves y para delitos de "cuello blanco", pero en ningún caso para faltas o pequeños delincuentes como pretende CiU.

Los nacionalistas catalanes han puesto especial empeño en agravar el tratamiento penal para las faltas y delitos más comunes y que, según aseguran, más afectan a los ciudadanos. A falta de que lo concrete en sus enmiendas, el portavoz de Justicia de CiU, Jordi Jané, planteó inicialmente una fórmula para que las condenas por faltas constaran en antecedentes y para que cuatro condenas por faltas se computaran como un delito, aunque fueran cometidos en un plazo superior a un año. Ahora el que comete en un año cuatro faltas se le castiga como autor de un delito.

En la práctica se trata de hacer, según CiU, que se pueda perseguir a los autores de pequeños hurtos reiterados. El Gobierno rechazó esta posibilidad y los nacionalistas catalanes plantearon otra fórmula para que la multirreincidencia de las faltas sirva para elevar la pena en un grado. Esta posibilidad ya existe desde 2004 pero sólo como facultad de los jueces y raramente se aplica. El PSOE, el PNV y ERC se oponen de momento a esta posibilidad.

El otro grave escollo es la propuesta del PP para crear la cadena perpetua revisable. No la apoyan los demás grupos, el Gobierno asegura que, incluso, es mucho más dura la reforma de 2002 que estableció 40 años de condena sin posibilidad de revisión. De hecho, la exposición de motivos del proyecto del Gobierno asegura que la actual regulación "comporta resultados prácticos no muy distantes de la cadena perpetua".

Para salvar esas discrepancias, los socialistas y el Gobierno buscaron apoyo del PNV y ERC, pero se han encontrado otros escollos por razones opuestas: están en contra del endurecimiento que prevé el proyecto del Ejecutivo.

Concretamente, Emilio Olabarría (PNV) y Joan Ridao (ERC) se oponen a la libertad vigilada, tal y como se establece en el texto del Gobierno. El PNV quiere que se limite sólo a delitos muy graves y ERC que se suprima. El Gobierno intenta convencerles de que sólo se aplicaría en casos muy extremos de condenados por delitos contra la libertad sexual.

Los nacionalistas vascos, además, hacen objeciones a los que denominan "desorden normativo", es decir, la aplicación general de las penas y los detalles de retroactividad que observan.