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COLUMNA

Las personas del verbo

Nosotros y vosotros. El conflicto salta cuando la frontera de la identidad se convierte en la determinante de las relaciones sociales. En el municipio de Salt, en la periferia de Girona, se ha podido ver estos días. "A mí me robasteis vosotros", le dice un autóctono a un joven magrebí. "Erais tres de los tuyos", remacha. La frontera está trazada. Por un lado: nosotros, víctimas de vuestros robos. Por el otro: nosotros, víctimas de vuestro racismo. Y, sin embargo, unos y otros son víctimas, pero no exactamente de sus mutuas pulsiones excluyentes.

Este suburbio es una olla a presión, a punto de estallar. La crisis económica y el desempleo golpean siempre a los más débiles. Digan lo que digan unos y otros, ellos son los primeros en pagar por la crisis. Y los más débiles son los inmigrantes y sus vecinos humildes, las familias autóctonas obligadas a compartir la franja de viviendas más baratas, los que todavía no han podido subir en la escala social buscando un piso en una zona más acomodada. La búsqueda de un puesto de trabajo o a veces de una minúscula ayuda pública puede suscitar la competencia entre ellos y, como resultado, la reacción racista. Pero también la gestión de la vida de cada día en la comunidad de vecinos. O el incremento de la delincuencia, directamente vinculada al nivel socioeconómico y al paro.

Nosotros y vosotros: el conflicto salta cuando, como en Salt, la frontera de la identidad determina las relaciones sociales

Hay problemas de orden público, es evidente. Y también de vivienda, educación, servicios sociales, que han permitido la concentración de la inmigración en determinados barrios, impiden la rápida integración y amenazan con la aparición de guetos comunitarios, aislados y ajenos a las leyes y a la cultura de la sociedad de llegada. Los europeos conocemos de sobra todo esto. Lo extraño es que conociéndolo tan bien y desde hace tantos años no seamos capaces de prever estos estallidos y permitamos lo contrario, que estos conflictos alimenten a una derecha extrema y excluyente.

En Francia las ideas racistas y xenófobas de Le Pen llevan avanzado en los barrios humildes desde hace un cuarto de siglo: han devorado al electorado comunista y condicionado la agenda política, hasta obligar al presidente de la República a la ceremonia de la confusión que significa el debate sobre la identidad francesa. En Italia las ideas xenófobas son indisociables del Gobierno de Berlusconi y se han traducido en una panoplia de leyes discriminatorias y culpabilizadoras, que han convertido a los inmigrantes sin papeles en delincuentes. También en la legislación europea ha producido estragos este mal, como demuestra la directiva del retorno, que permite la detención en centros de internamiento de los inmigrantes sin documentación hasta 18 meses sin que sea obligado el control judicial.

Hay quien cree que el futuro de España y de Cataluña se juega en el Tribunal Constitucional o en las consultas sobre la independencia. La política y el periodismo suministran abundantes señuelos para que los ciudadanos se angustien por falsos problemas. El futuro de nuestras sociedades se juega en la integración de los inmigrantes. Han llegado para quedarse, ya son imprescindibles para nuestro desarrollo económico y nuestro Estado de bienestar, y constituyen el aspecto más próximo y más humano de la nueva realidad de un mundo globalizado. Quien quiera soñar en que las cosas no sean así puede hacerlo, pero seguirá siendo un sueño. Salt no es un síntoma ni un laboratorio. Es el espejo donde debemos mirarnos para observar hacia dónde vamos.

En este azogue ahora convulso podemos ver sólo un problema de orden público. Los municipios piden más policía, la policía más contundencia a los jueces, y los jueces se encogen de hombros y aseguran que el castigo a los multirreincidentes no es cosa suya sino del Ministerio de Justicia o del Gobierno autonómico, que no han creado los registros de quienes cometen faltas en serie para dejarles en la cárcel en aplicación del Código Penal vigente. Nótese que municipio y policía, las autoridades de proximidad, son los que cargan con el peso de la dificultad, mientras que el poder judicial se lava las manos y transfiere la responsabilidad hacia arriba.

En realidad estamos, como siempre, ante un problema político: integrar a los inmigrantes es construir un nosotros incluyente que no deje a nadie fuera. Esto es la polis, la democracia, a la que deben someterse todos, jueces incluidos. Lo extraño es que estos temas no lleguen apenas a los parlamentos, ocupados en otras tareas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 1 de marzo de 2010