Un tribunal declara "nula" una vía que favorecía al ex director de Urbanismo

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló el pasado 21 de enero el proyecto de construcción de una carretera en Villanueva de la Cañada, denominada Vía Ronda, por saltarse trámites medioambientales. Esta avenida conecta las urbanizaciones de Los Pocillos y Las Cárcavas con la M-503 y la M-600, rodeando Villanueva, a 37,5 kilómetros de Madrid, por el este.

La Fiscalía Anticorrupción investigó y denunció al ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid Enrique Porto, por haber favorecido supuestamente un pelotazo urbanístico en Los Pocillos por el que se generaron unas plusvalías de 4,6 millones de euros. Porto era propietario, junto a otros empresarios, de unos terrenos en el sector I de Los Pocillos, junto a la nueva carretera declarada nula por el tribunal.

La carretera está abierta desde 2008. Se bautizó como avenida de España

Una asociación vecinal asegura que provocó graves daños ambientales

El plan urbanístico de Villanueva de la Cañada fue elaborado por la empresa Plarquin en 1998. Entonces pertenecía a Porto. Él fue el administrador y accionista de este despacho hasta 2004, cuando fue designado director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. Desde su cargo en la Administración regional aceleró los trámites para recalificar la zona, sector I de los Pocillos, pese a que hasta entonces contaba con informes negativos. Ese mismo año, firmó un informe que daba vía libre a la construcción de la carretera. El plan de la Vía Ronda fue aprobado definitivamente el 31 de noviembre de 2005 por la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, presidida por Porto.

El plan urbanístico de Villanueva de la Cañada, redactado por Porto, ya preveía construir una carretera que conectara Los Pocillos con las principales vías de acceso al municipio.

De esta forma, se autorizaba una salida directa y rápida desde el sector donde el ex alto cargo tenía terrenos. Porto dimitió en octubre de 2006 tras recibir la llamada de este periódico para conocer los detalles del pelotazo urbanístico en Villanueva de la Cañada, un municipio con 17.000 habitantes. El proceso judicial contra Porto abierto a instancias de Anticorrupción sufrió un parón durante meses, pero el año pasado un juzgado de Móstoles reabrió la investigación.

La Vía de Ronda fue construida y estrenada en 2008. Ahora es conocida como avenida de España. Es una carretera de seis kilómetros con dos carriles por sentido que rodea el centro de Villanueva de la Cañada por el este. Fue diseñada para crear una nueva circunvalación que conectara las nuevas urbanizaciones con la M-600. Por eso, estaba contemplada en el Plan de Variantes de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid. La sentencia no implica que desaparezca o se modifique la carretera.

Ahora, el TSJM desestima los recursos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Villanueva contra una sentencia anterior, de diciembre de 2008, que invalidaba el "Proyecto de Urbanización de las Redes Públicas Generales de Infraestructuras de Comunicación Viaria y Espacios Libres de la Vía Ronda (el plan que establece dónde van las calles y avenidas en la zona) por falta de un estudio de impacto ambiental". "La sentencia es muy importante porque pone en entredicho la legalidad de las actuaciones urbanísticas del municipio", asegura Miguel Ángel Hernández, portavoz de la Iniciativa Ciudadana Villanueva de la Cañada Sostenible (ICVCS). Hernández lamenta que la sentencia llega tarde porque la carretera ya se encuentra en funcionamiento. Y alerta del peligro de mantener abierta la vía cuando un juez la ha declarado ilegal. "El Ayuntamiento y la Comunidad pretendieron acelerar el proceso y eludir la evaluación de los graves impactos ambientales que provocó la vía". La organización considera que la construcción del vial ha producido graves daños ecológicos al parque forestal de El Pinar y al monte preservado del arroyo de Pedro Elvira, así como a cinco cauces fluviales.

Un portavoz del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada asegura que el Consistorio ya ha remitido a la Comunidad el informe ambiental que estaba pendiente. "La Administración autonómica determinará el procedimiento ambiental a que ha de ser sometido", añade. Así se podrá "incoar el procedimiento necesario para ejecutar el trámite omitido".