Un teatro expropiado a 'los Charlines'

La expropiación del que fuera durante años uno de los principales iconos del blanqueo de dinero del narcotráfico, el cocedero Charpo, en Vilanova de Arousa, propiedad del clan de los Charlines hasta que fue intervenida por la Audiencia Nacional en 1996, podría convertirse en un largo proceso para Portos de Galicia hasta lograr que sus ruinas puedan albergar el futuro Teatro Valle-Inclán.

Esta obra cultural se enmarca en un proyecto más amplio que pretende recuperar la fachada marítima de este municipio, cuna del ilustre escritor, construyendo un vial perimetral al casco urbano que facilite el acceso del tráfico pesado al puerto de Vilanova desde As Sinas, uno de sus principales enclaves turísticos. El proyecto de expropiación fue anunciado esta semana por el presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez Campana, y recibido con entusiasmo por el alcalde de la localidad, Gonzalo Durán, que no ve obstáculos en el proceso para ejecutar las obras a medio plazo, teniendo en cuenta que la ruinosa construcción del cocedero se encuentra dentro del recinto portuario y en terrenos en su día cedidos a la sociedad Charpo en régimen de concesión.

El emporio del clan fue tasado en 30 millones de euros y sus deudas, en 20

Álvarez Campana ha respaldado el proyecto del Ayuntamiento que contempla convertir el solar en un edificio de usos múltiples que acoja la Casa do Mar, un museo, un aula de cultura marítima, un auditorio y otras actividades vinculadas al medio marino. El pasado año el Ayuntamiento ya dio el primer paso para desterrar estas ruinas de la fachada portuaria, iniciando un expediente administrativo que establecía un plazo de tres meses para que los administradores judiciales procediesen a su demolición. Pero aún no se ejecutó la orden.

Además de sufrir el saqueo de todo lo que guardaba en su interior y de servir de techo a vagabundos, el cocedero ha sido pasto de las llamas en varias ocasiones, incendios intencionados y que afectaron a la estructura del edificio, cada día más amenazado por un eventual derrumbe.

Charpo, acosada por las deudas y los conflictos laborales, se encuentra en la lista de propiedades embargadas judicialmente, pero no decomisadas por el Estado como se pretendía con el proceso abierto contra los Charlines por blanqueo de dinero, hace ahora 13 años, unas dilaciones que llevaron a la ruina a muchos inmuebles.

Si bien la sentencia de la Audiencia Nacional acordó el decomiso de todos los bienes de la familia, el Tribunal Supremo, en 2007, dio un vuelco inesperado a la situación, al admitir sólo el embargo y no el decomiso de las propiedades, valoradas en más de 30 millones de euros. El alto tribunal desestimó el decomiso para los bienes adquiridos con anterioridad a 1990, que al cabo eran todos los intervenidos. A la Audiencia Nacional no le quedó otra salida que exigir a los siete integrantes del clan condenados el pago de las multas e indemnizaciones por delitos fiscales, que ascienden a 20 millones de euros, como única forma de recuperar los bienes si no hacían efectivas sus deudas. En esta fase del proceso se debate aún el futuro del emporio de los Charlines, mientras la Justicia busca otros caminos para recuperarlo.