El descontrol del PP se apodera de las Cortes

Las Cortes Valencianas recuperaron ayer su actividad plenaria después de tres meses (en los que se produjeron las convocatorias excepcionales de una Diputación Permanente y de un pleno sólo para tratar la polémica de El Cabanyal). La sesión estuvo llena de ruido y vacía de contenido legislativo. El escaño del presidente Francisco Camps permaneció vacío, como es habitual, y su Gobierno dio muestras de un pulso muy débil, mientras su grupo parlamentario evidenció improvisación. Nada más empezar, la diputada de Compromís Mireia Mollà definió con sorna la situación al exclamar: "Abrimos el primer pleno ordinario con un proyecto de ley de creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales. Esta es la visión de la actividad legislativa que tiene el PP". Mollà desgranó el larguísimo rosario de colegios profesionales que los populares han llevado a las Cortes, de higienistas dentales, de logopedas, de detectives privados... A continuación, el diputado socialista Manuel Mata, que se estrenaba en una intervención en el pleno, echó por tierra el proyecto al recordar a la consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, que una ley estatal, vigente desde diciembre pasado, prohíbe la creación de colegios profesionales de afiliación obligatoria. "Retiren esta ley y apliquen la Ley de Dependencia", instó Mata, que sugirió: "Parece que no estén en sus absolutos cabales cuando están gobernando".

Los populares se niegan a intentar un pacto contra la crisis con la oposición

El z del PP, ausentes en el debate económico

Pero en el hemiciclo lo que cuentan no son los argumentos, sino los votos. El PP rechazó la enmienda a la totalidad presentada por el grupo de Compromís al proyecto de ley de Colegio de Terapeutas Ocupacionales. Una ley que Sánchez de León defendió porque mejora "la protección de los derechos de los ciudadanos".

Concluido este debate, los parlamentarios se acomodaron para debatir una iniciativa del PP cuyo objetivo era exigir al Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero una política económica decidida que permita recuperar empleo con medidas como una reforma laboral o un sistema tributario justo. Muy convencidos del calado de la propuesta no debían estar los populares porque en el momento en que en el Congreso de los Diputados Mariano Rajoy se enfrentaba al presidente del Gobierno, que ofertaba un pacto a la Cámara, el jefe del Consell recorría las calles de Cheste para publicitar el plan Confianza acompañado del portavoz popular, Rafael Blasco.

Así, mientras el resto del Gobierno valenciano entraba y salía del hemiciclo, el portavoz adjunto César Augusto Asencio recurría al Reglamento de la Cámara para rechazar un texto alternativo de los socialistas en el que se pedía que Camps actuase como Zapatero en Madrid y se realizase una ronda previa de contactos a un pleno extraordinario -con asistencia del jefe del Consell- para abordar medidas contra la crisis. La socialista Cristina Moreno tachó de "indecente" la proposición del PP de exigir medidas al Gobierno cuando la situación de crisis en la Comunidad Valenciana es peor que en el resto de España y la Generalitat tiene la mayoría de las competencias en materia de empleo y política económica transferidas.

La coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, no ocultó su sorpresa por que el PP pretenda "dar recetas" al Gobierno cuando la situación valenciana es "más grave". "Este hemiciclo no es para hacer oposición al Gobierno central", insistió Sanz.

Liquidado el debate económico en el hemiciclo, los populares recurrieron al rodillo para evitar que prosperase una iniciativa socialista en la que se instaba al Consell a cumplir con las infraestructuras previstas en el plan integral de residuos de la Comunidad Valenciana. El diputado popular Vicente Parra tachó de demagógica la crítica a una cuestión que hará que las basuras de Castellón se gestionen en Alicante tras el inminente cierre del vertedero de Vilafranca. Para el PP el retraso es consecuencia del complejo proceso burocrático. Argumento que no le sirvió al socialista Adolf Sanmartín, que acusó al Consell de no haber "hecho absolutamente nada".

Si el pleno matinal acabó convertido en un popurrí, sin excesivas consecuencias prácticas para los ciudadanos, la sesión vespertina de control al Consell rayó en el surrealismo.

En respuesta a una intervención de Enric Morera, de Compromís, el vicepresidente económico Gerardo Camps sorprendió a la oposición -a la que ha liquidado en el proceso de renovación de los órganos de control- con una oferta de acuerdo parlamentario para trasladar a las cajas de ahorro valencianas "una postura política común sobre los procesos de fusión entre entidades, aunque sin imposiciones ni presión".

El consejero de Educación Alejandro Font de Mora, respondió que "el Consell es el Gobierno que más colegios renueva y pone en marcha" cuando le recriminó la socialista Ana Noguera que la empresa Ciegsa, con 2.400 millones de euros, tiene más deuda que 10 comunidades autónomas.

Las dimisiones al frente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias por la concesión de un asesoramiento al hermano de una directiva por 60.000 euros fueron debatidas con Gerardo Camps por la socialista Clara Tirado y la diputada de Compromís Mònica Oltra, que aludió al caso Gürtel y se entretuvo en definir términos como "nepotismo", "malversación" o "cleptocracia", literalmente "dominio de los ladrones", en referencia a un régimen de corrupción generalizada que queda impune.