Fitur, la visita del Papa y otras ramificaciones
La financiación irregular del PP centraba la querella presentada por los socialistas ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano, pero no era la única ramificación de la trama corrupta que se describía en ella. Entre las 17 personas contra las que iba dirigida estaban Francisco Camps, presidente de la Generalitat; Ricardo Costa, diputado y ex secretario general del PP valenciano; Vicente Rambla, vicepresidente del Consell; David Serra, diputado autonómico y vicesecretario general del PP regional; Yolanda García, también diputada y tesorera de los populares; Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional de la Generalitat y responsable de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, y Pedro García, ex director general de Ràdio Televisió Valenciana.
La presencia de Dora Ibars y de Pedro García tenía que ver, en el primer caso, con la adjudicación a Orange Market de los pabellones valencianos en la feria Fitur entre 2005 y 2009, dado que ejercía tareas de coordinación relativas a esas ferias y que aparece mencionada en conversaciones grabadas a Álvaro Pérez y Pablo Crespo. En el caso de García, amigo íntimo de Álvaro Pérez, su papel fue central en la consecución por la trama Gürtel, a través de la empresa Teconsa, que habría funcionado como tapadera, de comisiones ilegales por más de un millón de euros gracias a la concesión por parte de RTVV de la sonorización y el montaje de pantallas para la visita del Papa a Valencia en 2006.
También apuntaba la querella socialista a Francisco Correa, jefe de la trama corrupta actualmente en prisión; Álvaro Pérez, el hombre en Valencia de la trama y presidente de Orange Market; Cándido Herrero, representante de esa misma empresa; Pablo Crespo, hombre de confianza de Correa, y José Luis Izquierdo, contable de la trama, según la investigación policial. Las íntimas relaciones de todos ellos con los aforados incluidos en la querella están ampliamente documentadas por las grabaciones policiales.
Finalmente, la querella implicaba a los empresarios Enrique Gimeno, presidente de Facsa; Enrique Ortiz, de Ortiz e Hijos; Antonio Pons, presidente de Piaf; Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente del Consell Juan Cotino y administrador del grupo Sedesa, y Luis Batalla, del grupo Lubasa. Según la policía, pagaron facturas del PP a través de Orange Market.
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