PSPV, Bloc y EU recuerdan que Fabra tiene más causas abiertas

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, tiene una causa judicial menos de la que ocuparse, tras el archivo de la acusación de un presunto delito de falsedad por la manipulación de informes y análisis de productos fitosanitarios. Sin embargo, en el juzgado número 1 de Nules se mantiene abierta la parte principal del llamado caso Fabra, por el que está siendo investigado ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal. Este juzgado investiga, entre otras cosas, la procedencia de 600.000 euros que, durante 1999, Fabra ingresó en sus cuentas y en las de su entonces esposa y de los que no ha justificado su origen.

La ausencia de una explicación sobre la fuente de estos ingresos sirvió ayer para que el portavoz socialista en la Diputación de Castellón, Francesc Colomer, asegurara que "un político que no es capaz de aclarar el origen de sus ingresos en cualquier momento, no puede seguir en el cargo público ni un instante". Para Colomer, "un político puede ser todo lo millonario que quiera, pero si es incapaz de aclarar de dónde le llegan los millones, entonces no puede mantenerse en el cargo público". La respuesta al archivo de la denuncia por falsedad también llegó del grupo del Bloc en la Diputación de Castellón desde el que su portavoz, Maria Gràcia Molés, precisó que el auto de archivo indica falta de pruebas y no la inexistencia del delito. El portavoz de Iniciativa en Castellón, Carles Mulet, adujo el mismo argumento e incidió en que "la justicia no ha dicho que Fabra sea inocente, sino que no tiene elementos suficientes para mantener su imputación". Mientras, la diputada autonómica de Esquerra Unida por Castellón, Marina Albiol, señaló que lo que "nunca se sobreseerá" es que Carlos Fabra "lleva muchos años actuando de una manera antidemocrática, caciquil y con enchufismos".

El apoyo público (Fabra dijo el lunes por la tarde haber recibido 400 SMS y entre 250 y 300 llamadas) de la dirección regional del PP no llegó hasta ayer por la tarde y fue en boca del secretario general, Antonio Clemente, que lamentó que los socialistas "lleven a cabo una persecución política contra dirigentes del PP para ganar en los juzgados lo que son incapaces de conseguir en las urnas", pese a que las causas abiertas contra Fabra no proceden de denuncias socialistas sino que fueron abiertas por los propios juzgados, y por la Agencia Tributaria, tras las denuncias de un particular.