Los deberes del comisario Almunia

El español Joaquín Almunia ha dejado esta semana la cartera de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea para encargarse de Competencia, uno de los departamentos más relevantes en el momento de crisis actual, cuando se están comprometiendo ingentes cantidades de ayudas públicas a entidades financieras y empresas. Un grupo de expertos en Derecho de la Competencia han sido consultados por El PAÍS para conocer su opinión sobre la política que deberá seguir Almunia para lograr empresas más competitivas en un mercado global y mayor libertad del consumidor en la elección de bienes y servicios. La autorización y las condiciones de las ayudas de Estado, la lucha contra los cárteles y la graduación de las multas están entre las cuestiones que preocupan a los expertos en la materia.

Oriol Armengol, socio del bufete Pérez Llorca, cree que "las grandes decisiones deberán dirigirse a favorecer o, al menos, a no entorpecer, el proceso de recuperación económica", y destaca como signos que indican ese camino el hecho de que Almunia haya elegido para su gabinete de siete miembros, dos expertos en ayudas de Estado, "una novedad".

Esta afirmación conduce al debate de los últimos meses sobre si las autoridades de Competencia deben ser más indulgentes en la actual situación. El británico Alan Riley, cofundador y presidente del Foro Académico de Derecho de la Competencia, subraya que "en un caso reciente, en Eslovaquia, se ha alegado que la sanción impuesta por la Comisión por fijar precios ha originado su quiebra y 2.000 personas han perdido el trabajo. El nuevo equipo debe tener cuidado de no perder legitimidad ante la ciudadanía a la hora de imponer la libertad de mercado. Por supuesto, que la fijación de precios y otras acciones ilegales deben castigarse, pero no hasta el punto de originar bancarrotas y dejar sin empleo a inocentes". Riley reclama mejores guías sobre cómo una empresa con dificultades financieras "puede cumplir con las normas de libre mercado y mantenerse en éste, bien sea con penalizaciones menores o sanciones alternativas".

Francisco Cantos, socio y experto en Competencia de Freshfields Bruckhaus Deringer, aplaude el hecho de que Almunia haya sido comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, lo que "le ha dotado de un profundo conocimiento de los mercados y de la situación económica". Cantos ve como uno de los principales retos la vigilancia del nivel de competencia en la banca europea, y asegura que "asistiremos a una auténtica reconfiguración del panorama competitivo, con importantes desinversiones exigidas por los planes de reestructuración que conllevan las ayudas concedidas y las que lleguen".

Las expertas del bufete Cuatrecasas, Cani Fernández y Patricia Carmona, son más partidarias de atender las bases estructurales. "Es fundamental que la política de Competencia se enfoque al objetivo principal, el bienestar de los consumidores y no el de los competidores, como ha ocurrido en más de una ocasión". Ángel Valdés, del bufete Eversheds Lupicinio, espera que el comisario se aplique en la labor de "eliminar al máximo las incertidumbres sobre la aplicación de las normas, ya que ahora una empresa no puede consultar con carácter previo a las autoridades de Competencia si lo que pretende hacer es contrario o no a las normas".

Al respecto hay que subrayar la creciente preocupación empresarial por el incremento de las cuantías de las multas. José Antonio de la Calle, socio de Baker & McKenzie, se muestra rotundo: "Hay que reformar en profundidad el régimen sancionador porque hay un excesivo grado de discrecionalidad en la cuantía de las multas y porque se requiere un estándar más alto en la garantía de los derechos que asisten a las empresas a las que se pretende multar". Esto último evitaría una judicialización excesiva de los casos que Competencia maneja, tanto en sanciones como en fusiones.

Oriol cree que hay que flexibilizar el cálculo de las multas "para tener en cuenta las particularidades de pymes".

Riley considera inaceptable un caso como el de la francesa Schneider, a la que se le prohibió una fusión ya en marcha y luego el Tribunal Europeo le dio la razón tres años después. "Debería existir la apelación automática ante un juzgado que trate sólo temas de competencia y falle con rapidez, evitando los daños comerciales que hoy se producen".

Cantos confía en que el nuevo procedimiento de transacción en materia de cárteles, que en España ha introducido el País Vasco, produzca ya este año resultados. Es necesario que "funcione bien" porque "alivia la carga administrativa de la Comisión, y ofrece un procedimiento más rápido a las empresas con una reducción de hasta el 10% en la multa".

Hay unanimidad en la consideración de dar prioridad a la persecución de la fijación de precios.

Cani Fernández mantiene que "la Comisión debe reactivar el procedimiento legislativo para la adopción de una directiva de acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas de defensa de la competencia". Cantos también valora como prioritario para Almunia activar el borrador de la directiva de este asunto que su antecesora Krohes no remató. Al respecto, Riley apunta la necesidad que tendría la Comisión de inmunizar de las reclamaciones por daños a las empresas que deciden confesar sus prácticas ilegales en materia de libre mercado en los programas de clemencia que habilita la norma.

Sobre la posibilidad de cambiar los programas de autoinculpación y denuncia delatoria, Cantos ve necesario avanzar en la consideración de "una ventanilla única", por la dificultad y el coste que entraña la aplicación de las diferentes legislaciones de clemencia nacionales.