¿Quién gobierna?
"El Gobierno lanza un duro plan de ajuste al desbordarse el déficit y el paro": así se anunciaron, con titulares a toda plana, las propuestas elaboradas y dadas a conocer por el Gobierno para hacer frente a la crisis, rápidamente calificadas de volantazo o gran viraje. Y con razón, pues anunciaban el fin de la retórica sostenida en el axioma de aquí no hay crisis y, si la hay, ya hemos salido de ella sin tocar lo más mínimo a las políticas sociales. Las dos medidas estrellas del plan atacaban directamente al corazón de lo social: retraso de la edad de jubilación e incremento de años de cotización a la Seguridad Social para establecer la cuantía de las pensiones, o sea, resumiendo: más trabajo, menos pensiones.
Eran medidas polémicas, pero que formaban parte de un plan, de un proyecto del Gobierno: medidas que había que tomar para garantizar la sostenibilidad del sistema, afirmó con toda rotundidad la vicepresidenta segunda. Así se entendió también por los llamados agentes sociales, nombre con el que hoy se conoce, entre otros, a los sindicatos, que tomaron el anuncio como lo que era: un verdadero plan del Gobierno, y reaccionaron en consecuencia. Primero, denunciando que no se había tratado con ellos, aunque al parecer alguna reunión secreta precedió al anuncio; segundo, que atentaba contra conquistas históricas de los trabajadores; tercero, que por ahí no iban a pasar, y cuarto, que quienes habían elaborado semejante plan eran una cuadrilla de aprendices. En resumen, amenazas y descalificación.
Podía presumirse, pues, que el anuncio del plan y la respuesta sindical iniciaban un periodo de confrontación, quizá una nueva huelga general y hasta una crisis política. Por mucho menos que eso -aunque también por planes de reformas en las pensiones y en el empleo-, tropezaron los anteriores gobiernos socialistas con tres convocatorias (1988, 1992 y 1994) de huelga general procedentes de los dos sindicatos, UGT y CC OO. Cual no sería, pues, la sorpresa cuando, pasada no más de una semana, el Gobierno se reúne con los agentes sociales y he aquí que todos salen de la reunión con una sonrisa de oreja a oreja, dándose palmadas y parabienes, felicitándose mutuamente por lo hablado y lo acordado.
Lo acordado fue, por resumir, que de lo dicho no había nada, o sea, nuevo volantazo, sólo que en sentido contrario. Del retraso en la edad de jubilación ya se hablará cuando toque. Y del tiempo de cotización ya se decidirá donde corresponde, o sea, en el marco del pacto de Toledo. ¿Qué había pasado? Primera hipótesis: el Gobierno, siguiendo su vieja costumbre, disparó antes de apuntar, es decir, eran medidas no suficientemente pensadas ni elaboradas y, por tanto, no se trataba de un plan, sino de una ocurrencia de quita y pon, que hoy aparece en un documento enviado a la Comisión Europea y mañana se borra. Segunda hipótesis: el poder del Gobierno tropezó con el poder sindical y renunció a su plan antes de medir su fuerza con la de los sindicatos.
Todo indica que se trata de lo segundo. Las medidas, en efecto, formaban parte de un plan de choque, necesario para garantizar la sostenibilidad del sistema, palabra de vicepresidenta. Pero el Gobierno carece de poder para ponerlas en práctica, de la misma manera que carece de poder para decidir el emplazamiento de un almacén de residuos nucleares si antes no se ofrecen candidatos a los que es preciso tentar con algún premio de lotería. En España hay un buen lote de poderes que pueden bloquear la toma de decisiones en cuestiones que afectan a un interés general. Éste es el sistema que nos hemos dado, un poder en migajas que, para cualquier cosa que se salga de la rutina diaria, obliga al gobierno de turno a buscar afanosamente un consenso general, una especie de seguro a todo riesgo contra posibles ataques de la competencia.
La competencia en este caso procedía de los sindicatos, que son instituciones dependientes del erario público, de muy baja afiliación -sobre todo, asalariados con contrato indefinido, en el sector público y en el viejo tejido industrial-, pero con elevada representatividad y alta capacidad de movilización: pueden convocar con éxito una huelga general. Y este Gobierno no tiene poder ni autoridad para aceptar semejante envite. ¿Cuadrilla de aprendices? Si el dirigente de un sindicato manifiesta un día en alta voz ante una asamblea sindical la opinión que le merece el Gobierno y al día siguiente sale de una reunión con el jefe de la supuesta cuadrilla frotándose las manos es que, en este punto, quien gobierna es el sindicato.
