Diputados privilegiados

Dos docenas de ex diputados han reclamado a las Cortes valencianas los finiquitos y complementos de pensión que se les concedieron en setiembre de 2008. Tienen aparentemente derecho a exigir lo que se les debe y, cansados de esperar, han anunciado el recurso a los tribunales. Lo malo es que, de un lado, no está del todo claro que tales mejoras e indemnizaciones cuenten con el debido fundamento jurídico, pues ya en su momento tropezaron con la oposición nada menos que del letrado mayor de la institución, Javier Guillem, lo que le costó ser defenestrado del cargo, acaso por un exceso de coherencia profesional -si ello es posible- y un déficit de docilidad. Un gesto ciertamente extraordinario cuando lo habitual en el marco de la función pública es el acomodo y el amilanamiento. Aunque tardío, que conste nuestro aplauso al coraje.

Por otro lado, tal incerteza u otras causas que ignoramos han prolongado el asunto hasta que éste ha terminado por fundirse con la crisis económica, que no afecta tanto a la institución parlamentaria -pues es bien notorio lo muy holgada que anda de recursos financieros- como a la imagen de los diputados, los jubilados y en activo, sospechosos de escanciarse los dineros públicos al modo de Juan Palomo, el de yo me lo guiso, yo me lo como. O sea, sospechosos de conchabamiento para asegurarse un retiro privilegiado. El síndico socialista, Ángel Luna, ha invocado precisamente la crisis que agobia a la mayoría de los ciudadanos para proponer una revisión de los aludidos beneficios. "El contexto -ha dicho- es radicalmente distinto...y no es razonable que los diputados gocen de una realidad diferente de la que tiene que vivir el común de los mortales". Tampoco defendible, en efecto.

No vamos a caer en la tentación de zurrarle la badana a los políticos, que suele ser una práctica demagógica muy agradecida por el vecindario, habida cuenta de la inevitable corrupción y descrédito que anida en ese gremio, pero sí recordar a quienes de entre ellos pudieron haberlo olvidado, que nadie les ha obligado a ejercer el oficio desde cargos representativos y retribuidos. Se supone que no han abrazado la política para enriquecerse, tanto más tratándose del órgano legislativo que nos ocupa y que para la inmensa mayoría de los ciudadanos ha de resultar tan solemne como lejano, e incluso prescindible para cuantos consideran que el pretendido autogobierno es un paripé que proporciona mucho empleo público innecesario a cambio de cebar la inflación.

En todo caso, lo que cuenta es que a la luz del Estatuto las Cortes son el órgano legislativo y fiscalizador -cuando tal función no es neutralizada por la mayoría hegemónica, cual viene aconteciendo con el PP-, medular y merecedor de cualquier otro ditirambo. Sin embargo, sus miembros, los diputados, están mal pagados, relativamente mal pagados, claro, pero como aleccionaba el profesor Martínez Sospedra, si pagamos barato a los diputados ese será el valor de nuestro Parlamento, y, dicho sea de paso, tal es la impresión que se tiene cuando se les observa y se les oye, salvadas las valiosas excepciones. Ese y no otro es el meollo del problema: las retribuciones insuficientes que tratan de paliar mediante parches. Que se afronte sin opacidad la subida de los sueldos, y se calcule la jubilación según lo cotizado, como todo quisque. Cuando se acabe el chollo, porque no se es reelegido, cada cual a su curro, si lo tiene. De privilegios, cero patatero.