La EMT de Valencia ha de pagar dos millones de IVA por el Bono Oro

La Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Valencia debe pagar con cargo a los ejercicios de 2008 y 2009 más de dos millones de euros a la Agencia Tributaria en concepto de IVA por la subvención que recibe la empresa para el Bono Oro, título de transporte para mayores de 65 años, jubilados, discapacitados y pensionistas. Según el concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Juan Ferrer, la empresa municipal entiende que la aportación que recibe anualmente del consistorio es una subvención de socios -que no lleva implícito el pago del 7% del IVA-, mientras para el ayuntamiento es una "subvención al usuario", defendió Ferrer, "porque así no le computa como endeudamiento municipal". Esa situación es la que, según los cálculos del concejal socialista, se ha dado durante los años de 2008 y 2009.

Y se explica. La EMT por un lado y el Ayuntamiento, por otro, han cogido cada uno el concepto que mejor les interesa a pesar de ser contradictorios, en opinión del concejal socialista, que ocupa un puesto en el consejo de administración de la empresa municipal. Ferrer pedirá en el próximo pleno municipal que se iguale el criterio de empresa y consistorio y se pague lo que se le debe, a su juicio, a Hacienda. Los 2,2 millones de euros que debería pagar el consistorio son el 7% de los 17 y los 14,8 millones de euros correspondientes a la aportación de socios que ha recibido el Bono Oro de los dos años citados.

Descenso y déficit

Para realizar este cálculo, el concejal ha tenido en cuenta el descenso de pasajeros de 2008 a 2009, con una caída de seis millones de viajes y ha calculado unos gastos a diciembre del año pasado de 108,3 millones de euros y la subvención para ser considerada de mercado no debía rebasar el 50% de los gastos. Como la EMT recibió 57,9 millones de euros para cubrir su déficit y eso es más de la mitad de los gastos, se considera una ayuda que debe tributar IVA.

De haber computado el consistorio esta ayuda como deuda propia, el ayuntamiento se acercaría al tope sobre los ingresos corrientes consolidados. De rebasarlo, el consistorio que preside Barberá estaría obligado a pedir permiso a la Consejería de Economía para poder solicitar créditos, defiende Ferrer.