Portugal intensifica la vigilancia en sus fronteras ante la presencia etarra

Los cuerpos de seguridad portugueses han intensificado la vigilancia a lo largo de la frontera con España tras la localización de la primera base logística de ETA en territorio luso. Fuentes policiales confirmaron la presencia de patrullas móviles de la Guardia Nacional Republicana (GNR) y de la Policía de Seguridad Pública (PSP), con perros adiestrados para detectar explosivos, en distintos puntos de la raya. El presidente portugués, Aníbal Cavaco Silva, dijo ayer que no hay razón para "la alarma social" a raíz del hallazgo de 1.500 kilos de explosivos de la banda terrorista.

Tras las informaciones de una supuesta falta de coordinación entre los servicios de inteligencia de ambos países, las autoridades anuncian acciones conjuntas. El secretario general del sistema de seguridad interna, Mário Mendes, viajará la semana próxima a Madrid para tratar de la cooperación en este terreno y desmentir cualquier desavenencia. España y Portugal firmaron un acuerdo para la actuación de equipos policiales mixtos, que nunca han trabajado en la lucha antiterrorista.

Ha llegado la hora, estiman los expertos, lo que implica una colaboración entre la Policía Judicial y los servicios de información de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Esta cooperación debería abarcar la esfera judicial, de manera que una orden dictada en uno de los dos países tenga efecto inmediato en el otro.

Dos brigadas de la Unidad Nacional contra el Terrorismo de la Policía Judicial llevan el peso de la investigación sobre la presencia etarra en Portugal. El hallazgo del arsenal de explosivos en una casa de Óbidos, a 80 kilómetros al norte de Lisboa, plantea varios interrogantes sobre el alcance de los tentáculos de ETA en Portugal que, probablemente, van más allá de los dos etarras que se dieron a la fuga antes de que la policía descubriera la guarida de la banda.

Por otra parte, el juez Baltasar Garzón comunicó ayer su procesamiento tanto al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi como al ex secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga. El magistrado les acusa, junto a otros seis dirigentes de la izquierda abertzale, de intentar reconstruir Batasuna a través del grupo Bateragune. Según el auto, los componentes de esta organización, que se fraguó entre el verano de 2007 y la primavera de 2008, se reunieron en San Sebastián en 11 ocasiones.