La Fiscalía rechaza por falta de dinero un programa que detecta casas ilegales

Sería perfecto. Permitiría optimizar en mucho los recursos. Serviría como herramienta esencial en la lucha contra muchos de los delitos contra la ordenación del territorio. Eso es lo que piensa la Fiscalía de Valencia de dos programas informáticos capaces de localizar viviendas ilegales en suelo rústico no urbanizable de uso común. Pero la falta de autonomía presupuestaria impide al ministerio público invertir entre 1.800 y 3.000 euros por los datos de cada municipio. Dos empresas les han hecho la oferta. La primera, hace ya meses. La segunda, después de que la semana pasada se conociera la investigación desarrollada sobre la gestión del ex alcalde de Montroi Francisco Javier Carrión (PP), permitiendo la construcción de, al menos, 77 chalés en suelo rústico no urbanizable de uso común.

Los programas, muy similares, se fundamentan en la combinación cartográfica y catastral. Lo que permite es comprobar en evolución temporal si en un determinado espacio se ha construido una casa, sobre qué terreno, y si figura y cómo en el catastro. Por tanto, proporciona una foto actualizada de la ocupación del territorio.

La Fiscalía no tiene autonomía presupuestaria para la adquisición y lo que ha decidido es recomendar a los ayuntamientos que estudien la conveniencia de contar con una herramienta que podría ser extraordinariamente útil para avanzar en la lucha contra los abusos urbanísticos.

Hasta ahora, la herramienta con la que cuenta la Fiscalía es una base de datos cartográfica de la que dispone el Ministerio de Agricultura. Sirve únicamente para conocer el terreno, pero no permite cruzar datos con ninguna otra base de información.

La Fiscalía de Valencia, sólo en el mes de enero, abrió 42 diligencias de investigación penal con la información remitida por 19 ayuntamientos sobre las construcciones ilegales registradas en sus términos municipales. Y se propone conocer e investigar todas las que hay, pero reconoce sus limitaciones.